La enferma que pide morir reclamará por escrito la retirada del respirador

La carrera que ha iniciado Inmaculada Echevarría para que le dejen morir "sin dolor" avanzó ayer varios metros. La mujer, enferma de distrofia muscular progresiva, recibió la visita de miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) y acordó que su abogado solicitará por escrito a los médicos que le atienden en Granada la desconexión del respirador artificial que la mantiene con vida desde hace nueve años. Miembros de la DMD subrayaron que la petición es legal, aunque no conocen precedentes de que el enfermo mismo pida la retirada del respirador.

Del encuentro que mantuvieron ayer en el hospital de San Rafael de Granada los miembros de la DMD Fernando Marín y Elia Sevilla con Inmaculada Echevarría, de 51 años, salieron dos conclusiones claras. La primera, que ya habían puesto de manifiesto pero que ayer se ratificó, es que lo que Echevarría quiere no es que le concedan la eutanasia, que no es legal en España, sino que le dejen ejercer el derecho recogido en la Ley General de Sanidad de limitación del ejercicio terapéutico. Es decir, que le permitan negarse a recibir un tratamiento médico concreto, en este caso, el respirador artificial.

Ésta es, según Marín, una práctica "convencional" en los hospitales públicos. Sin embargo, sí resulta excepcional que alguien lo pida para sí mismo. Lo habitual es que la demanden los familiares de un paciente terminal e incapacitado para decidir o que sean los médicos los que lo aconsejen a la familia. Marín dijo no conocer precedentes en los que haya sido el enfermo el que lo pida oficialmente, pero esa excepcionalidad, a juicio de la DMD, ni choca con la ley ni debe suponer trabas. "El único problema al que nos enfrentamos es al miedo que tienen los de siempre al ejercicio individual de la libertad", señaló Marín.

Opción meditada

La segunda conclusión clara del encuentro es que Echevarría ha meditado mucho su decisión y está convencida de que es eso lo que quiere. "Hemos comprobado que expresa una voluntad sobre la que ha reflexionado largamente. Ha tomado una decisión seria e inequívoca de terminar con su vida como única opción para acabar con su sufrimiento", advirtió el portavoz de la DMD. Lo único a lo que tiene miedo la enferma es a que la desconexión del respirador le suponga una agonía dolorosa, pero los miembros de la asociación le tranquilizaron ayer al explicarle que, previamente, recibiría un tratamiento de sedación.

Una vez tomada la decisión, la DMD y el abogado de la enferma, Ignacio Fernández, se pusieron de acuerdo en cómo encauzarla. La asociación redactará entre hoy y mañana la petición para que Echevarría le dé el visto bueno. Inmediatamente después, a mediados de esta semana, su abogado la presentará en la dirección del hospital de San Rafael. El comité de bioética del centro será el que estudie la solicitud. Un portavoz del hospital señaló que de este comité forman parte, entre otros, casi todos los miembros de la dirección y varios representantes de la orden religiosa de San Juan de Dios, a la que pertenece el centro. Según este portavoz, nunca se les ha presentado un caso como el de Echevarría.

La DMD reconoce que la confesionalidad católica del hospital "puede complicar" que accedan a desconectar el respirador. Si la dirección se niega a hacerlo, el abogado de la enferma pedirá a la Junta de Andalucía que le traslade a otro hospital público. Para evitar mover en balde a Echevarría, su abogado y la DMD harán lo posible para que el comité de bioética del centro que designe la Junta se pronuncie sobre la petición de la enferma antes de hacer efectivo su traslado.

Los responsables de la DMD confían en que Echevarría va a conseguir su objetivo. "No hay ninguna traba legal", afirma Marín. "El Código Penal establece que será punible la ayuda necesaria y directa para la muerte. Pero el respirador no es una ayuda necesaria porque ella no va a morir porque se le desconecte, sino porque tiene una enfermedad irreversible". Según Marín, esta interpretación de la norma es la que se suele emplear para aplicar el derecho de limitación del ejercicio terapéutico.

En la reunión de ayer, los representantes de Derecho a Morir Dignamente recomendaron a Echevarría que tuviera paciencia. Desde la asociación se teme que el hospital de San Rafael no acceda a su petición, por lo que habría que negociar el traslado de centro y la respuesta podría tardar "meses". La DMD da por seguro que no habrá una solución antes de que acabe este año.

Si la Junta pusiera trabas, la enferma podría llevar el caso a los tribunales, pero Echevarría ya ha descartado esta opción, que podría demorar su muerte durante años. Otra posibilidad, si ningún hospital quisiera desconectar su respirador, sería pedir el alta voluntaria y trasladarla a un domicilio particular. La DMD no considera "de momento" esta posibilidad, que sólo se barajaría como "última opción".

Marín pidió ayer que se considere la solicitud de Echevarría y que no se confunda con una situación habitual que se pueda paliar con cuidados paliativos. "Inmaculada está en un centro con todas las garantías asistenciales, pero nadie tiene una varita mágica para acabar con su sufrimiento", afirmó el portavoz de la DMD. "¿Paliativos para Inmaculada?", se preguntó Marín. "El problema de esta enferma no es el dolor físico, sino que no tiene un proyecto de vida que le interese lo más mínimo".