"Vamos a recobrar la ciudad por las buenas o por las malas"
La cabeza del gobernador sigue siendo el objetivo número uno de los líderes de la revuelta en el Estado mexicano de Oaxaca. Pero Ulises Ruiz Ortiz, de 48 años, abogado, está lejos de tirar la toalla. Envalentonado por el respaldo que acaba de recibir en el Senado de la Nación y por el cansancio de los maestros en huelga desde hace cinco meses, el gobernante más cuestionado de México advierte de que "el rescate de la ciudad de Oaxaca" es inminente. "Vamos a proceder muy pronto", ha declarado en una entrevista concedida el viernes a EL PAÍS. ¿Por las buenas o por las malas? "Vamos a privilegiar la salida negociada. Pero si no es posible, utilizaremos los instrumentos del Estado para recuperar la ciudad".
"A mí me eligieron en las urnas. A gritos no se puede deponer a un gobernante"
"No se negocia el Estado de derecho. A quien viola la ley, se le debe aplicar la ley"
El gobernador afirma estar en el límite para poder rescatar la ciudad. "Ojalá lo podamos hacer por la vía de la negociación. Si no, el Estado, tanto de la Federación como de Oaxaca, tiene los instrumentos necesarios. Hay una petición del Congreso del Estado para que se auxilie con la fuerza federal de forma preventiva. Se trata de levantar barricadas, regularizar el comercio y la libertad de tránsito. No se trata de reprimir un movimiento legítimo".
La entrevista se desarrolla en un hotel de la capital oaxaqueña, en medio de una numerosa pero discreta presencia de policías de paisano. Ulises Ruiz tiene que cuidar sus pasos para no ser localizado por los piquetes de la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que controlan las barricadas diseminadas por la ciudad.
No hay duda de que el gobernador Ulises Ruiz está decidido a seguir en el poder, a pesar de que son numerosas las opiniones que consideran que su retirada facilitaría las cosas en Oaxaca. "Fundamentalmente pide mi salida la APPO, que es una organización muy minoritaria y que no tiene la representación estatal", replica. "Los maestros son 70.000 oaxaqueños, de un total de 3,6 millones. A mí me eligieron a través de las urnas. A gritos y sombrerazos no se puede deponer a un gobernante".
Es verdad que Ruiz ganó las elecciones de hace dos años al frente de la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque no es menos cierto que hubo denuncias de fraude por parte del candidato derrotado. Dos años después, han pasado muchas cosas en Oaxaca, y la imagen del gobernador se ha deteriorado notablemente. Ante la negativa del Senado de abrir la puerta a la destitución y el empeño del interesado en seguir en el puesto, algunas voces han propuesto una vía intermedia para salir del atolladero: un referéndum revocatorio. La ley no lo permite, esgrime el gobernador. "Es una de las demandas dentro de las reformas estructurales pendientes. Si se reforma la Constitución y se incluye el referéndum, lo aceptaré".
Ulises Ruiz dice tener un compromiso con la mayoría del pueblo de Oaxaca -"la APPO no es la representación del pueblo de Oaxaca"-, y advierte de que "las instituciones de la República están en juego". Niega que buena parte de las dependencias gubernamentales en la capital del Estado no funcionen y da su particular visión del Estado de las instituciones oaxaqueñas. "No hay una sola área de mi Gobierno que esté detenida, que no esté trabajando. No en condiciones normales, porque 18 de 640 oficinas públicas están tomadas".
Tan seguro se siente en su puesto, al menos en apariencia, que el gobernador promete diálogo, reformas estructurales "sin límites" que el PRI no llevó a cabo en 70 años, y asegura que cuando termine el conflicto "no habrá represión, ni persecución ni encarcelamientos", a pesar de las amenazas del Gobierno de Oaxaca. "Hay cerca de 60 órdenes de captura, que incluye a todos los dirigentes de la APPO". Precisa que hay que dividir el conflicto entre las reivindicaciones y "los actos vandálicos que transgreden el Estado de derecho, como es la toma de la ciudad de Oaxaca. No está en la mesa de negociación el Estado de derecho. A quien viola la ley, se le debe aplicar la ley. En eso no hay negociación".
¿Qué pasará, entonces, con las 60 órdenes de detención? El gobernador dice que "son parte del conflicto", e insinúa que pueden ser objeto de una negociación. La protesta de los maestros en demanda de mejoras salariales y de condiciones de trabajo dio paso a un movimiento que plantea cambios más profundos y radicales, tras la desafortunada intervención policial ordenada por el gobernador el pasado 14 de junio en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. "Fue una decisión que tomamos a partir de una exigencia ciudadana de regularizar la vida de la capital. No se logró el objetivo. Forma parte de las decisiones que toma un Gobierno. Afortunadamente, no hubo muertos en aquel desalojo".
Pero sí ha habido varias agresiones mortales contra integrantes de barricadas y maestros. Las sospechas apuntan a miembros de fuerzas de seguridad. El gobernador niega que el Gobierno tenga responsabilidad alguna en los asesinatos y ofrece que la justicia federal investigue para despejar dudas. "Que se vaya al fondo de estas investigaciones para determinar responsabilidades".
Apenas hay una sola pared de Oaxaca libre de pintadas que insultan y exigen la salida del gobernador. "No me afecta en lo personal", dice. "Me lastima porque están dañando el centro histórico y están agrediendo domicilios particulares".
