Oaxaca se acerca a una salida violenta

El tiempo para una salida negociada se agota en el Estado mexicano de Oaxaca. Hoy expira el ultimátum de las autoridades a los maestros para que pongan fin a más de cuatro meses de huelga, y todo indica que las escuelas seguirán cerradas. Ante la falta de acuerdo, el estallido de violencia es cuestión de días y sólo depende de la luz verde del Gobierno de Vicente Fox a la intervención de las fuerzas de seguridad federales. La tensión en la ciudad de Oaxaca se agravó el sábado tras el asesinato a sangre fría de un integrante de una barricada por presuntos militares. El cadáver de Alejandro García, de 41 años y pintor de profesión, fue velado entre la efervescencia de las consignas en el Zócalo de la capital del Estado, convertida en el bastión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

"No se vayan a vender", "Hay que seguir en la lucha", "Alejandro, camarada, tu muerte será vengada", gritaban los congregados en la plaza. Alejandro García estaba en una de las numerosas barricadas que la APPO levanta cada noche en la ciudad. Cuatro individuos que salieron de un local nocturno próximo subieron a una camioneta, y al comprobar que el paso estaba cortado, uno de ellos salió disparando con una pistola. Una bala alcanzó la cabeza de Alejandro García. En su huida, el agresor perdió la documentación. Horas más tarde, el soldado Johnatan Ríos, de 22 años, fue detenido e interrogado.

Las agresiones armadas a miembros de la APPO proliferan los últimos días, en una escalada de tensión que aumenta a medida que se desvanecen las opciones de lograr un acuerdo en Oaxaca. Pese a las presiones de las autoridades, que han llegado a ofrecer 40.000 pesos (unos 2.800 euros) a las escuelas que abran hoy sus puertas, no se espera una vuelta a las clases. El Gobierno asegura que más de 3.000 de las 14.000 escuelas públicas del Estado de Oaxaca funcionan con normalidad. El sindicato de maestros rebaja la cifra a mil.

En huelga desde mayo

La semana pasada, el ministro de Gobernación, Carlos Abascal, y los dirigentes del sindicato de maestros de Oaxaca y de la APPO llegaron en la Ciudad de México a un principio de acuerdo para poner fin a la huelga iniciada a finales de mayo. El Gobierno federal ofreció destinar unos 4.000 millones de dólares durante el próximo sexenio para equiparar los salarios de los maestros oaxaqueños a los de los enseñantes que más cobran en México.

Cundió el optimismo al difundirse que los líderes de la revuelta aceptaron dejar fuera de la mesa de negociaciones la que ha sido su exigencia central e irrenunciable: la dimisión o destitución del gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue un espejismo. Poco después de terminar la reunión, los portavoces del sindicato de maestros precisaban que el acuerdo tenía que ser discutido "por las bases", es decir, las asambleas populares.

Pero lo que discutirán las asambleas populares no es sólo la propuesta del Gobierno federal, sino el dictamen que emita mañana el Senado sobre la presunta situación de ingobernabilidad en Oaxaca. Si la Cámara alta aprueba que en aquel Estado han desaparecido, en la práctica, los poderes, según la figura prevista en el artículo 76 de la Constitución, el gobernador Ruiz deberá abandonar el cargo.

Una subcomisión de tres senadores acaba de visitar la ciudad de Oaxaca. Se entrevistaron con el gobernador, miembros de la Legislatura Local y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por una parte, e integrantes del sindicato de maestros y de la APPO, por otra. Unos y otros describieron a sus señorías realidades absolutamente contrapuestas. Mientras las autoridades trataron de convencer a sus interlocutores de que en Oaxaca las instituciones funcionan con algunas limitaciones, los líderes de la revuelta mostraron el panorama de desgobierno en la capital del Estado.

En este contexto, todas las miradas están puestas en la decisión que adopte el Senado. Pocos apuestan a que dictamine la "desaparición de poderes" y la consiguiente destitución del gobernador, a un mes y medio de la investidura del presidente electo, Felipe Calderón, a quien el principal partido de la oposición, el PRD, le niega toda legitimidad. Si la Cámara alta considera que en Oaxaca la institucionalidad no está en riesgo y el gobernador sigue en su puesto, la protesta se radicalizará y la intervención policial o militar será cuestión de días.