El Consell arremete contra el Gobierno y amenaza a Bruselas por el urbanismo

El Consell contestó ayer la decisión de la Comisión Europea sobre la LUV con una amenaza: estudia pedir a los tribunales europeos que le amparen frente a la "arbitrariedad" de Bruselas. Y criticó al Gobierno socialista, que no sólo no ha defendido los intereses valencianos, sino que los habría perjudicado deliberadamente porque ha ocultado información a Bruselas, en concreto, que la figura del agente urbanizador no es patrimonio de la ley valenciana, sino que también existe en otras leyes autonómicas y en una estatal en tramitación. El Consell no quiso entrar en el fondo de la cuestión, que no es otra que la petición de que los planes urbanísticos se adjudiquen con garantías de publicidad y concurrencia.

El Gabinete de Camps quiere pedir amparo a la CE frente al Gobierno socialista

La Comunidad Valenciana no es ninguna isla legislativa en materia de urbanismo, puesto que otras comunidades autónomas incluyen en sus leyes la figura del agente urbanizador, que también prevé el proyecto de ley del suelo presentado por el Ejecutivo estatal que se tramita en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿por qué la Comisión Europea sólo conmina a la Generalitat valenciana a modificar su ley? Porque el Gobierno que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero oculta a la Comisión Europea que otras leyes españolas también incluyen la figura del agente urbanizador. Algo que hace de forma deliberada, con la intención de "perjudicar" a la Comunidad Valenciana, al censurar los informes de alegaciones que envía la Generalitat para que el Gobierno central remita el correspondiente recurso a Bruselas. Y para "proteger" a otras comunidades autónomas, bien de Gobierno socialista o de interés político estratégico para el partido y el Gobierno, que al actuar así, "traiciona" a los "valencianets".

Esta es, en síntesis, la argumentación que esgrimió ayer el Consell tras conocer la decisión de la CE, que el jueves dio un nuevo varapalo a la Generalitat a cuenta de la legislación urbanística, en concreto por la violación de las normas de contratación pública, y que amenazó con llevar el asunto a los tribunales comunitarios si en dos meses no recibe una "respuesta satisfactoria".

El consejero de Territorio, Esteban González Pons, que compareció ayer en la habitual conferencia de prensa del Consell de los viernes, aseguró que el Gobierno central, "abogado" de las comunidades autónomas ante Bruselas, ha actuado con la Generalitat como si fuera un cliente del "turno de oficio" y ha "traicionado" los intereses valencianos "para no perjudicar a otros clientes de pago que le dan dividendos en votos y en apoyos económicos". En su opinión, con esa actitud, el Gobierno, que actúa guiado "por la deslealtad y la mala fe", perjudica a la Comunidad Valenciana "para proteger a las comunidades donde gobierna el PSOE".

González Pons eludió el fondo de la cuestión que denuncia Bruselas, que no es la mera existencia de la figura del agente urbanizador privado, sino la ausencia, en la ley valenciana, de mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad de los procedimientos de adjudicación de los planes urbanísticos que promueven aquellos. En otras comunidades autónomas cuyas leyes contemplan la figura del agente urbanizador sí que se delimita esta cuestión. Fuentes conocedoras de la ley valenciana destacan, en ese sentido, que la norma "desnaturaliza" el carácter de contratación pública en los PAI, entre otros motivos porque no exige el concurso en todos los casos, sino a partir de un montante de 5,21 millones de euros.

El Consell estima que la CE actúa con "arbitrariedad" y sobrepasa sus competencias. La Generalitat "se va a plantear" la posibilidad de pedir amparo a los tribunales europeos, según González Pons, quien anunció que ayer mismo iba dirigirse a los comisarios de la UE para pedirles "amparo" frente al Gobierno de España. "Estamos más ante un conflicto político que ante un conflicto jurídico", dijo el consejero, quien añadió que la UE "está sobrepasando sus capacidades jurídico-administrativas".

La oposición criticó la actitud "chulesca" del Consell del PP. El responsable de Medio Ambiente de los socialistas valencianos, Francesc Signes, advirtió de que la actitud de González Pons daña aún más la imagen de la Comunidad Valenciana en Europa, que ve cómo una autonomía "planta cara" a las directivas comunitarias. Signes consideró "esperpéntica" la acusación del Consell de que el Gobierno ha eliminado parte de sus alegaciones ante Bruselas. "El Gobierno contestará a eso, es una acusación gravísima", anunció Signes. Para el dirigente socialista, el intento del Consell de responsabilizar a otra Administración es "una huida hacia delante" cuando la CE le exige que la adjudicación de los PAI debe cumplir las directivas y "no hacerse a dedo". La coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, instó al Consell a abandonar su "arrogancia" y a cumplir las directivas urbanísticas de Bruselas.