Trichet revela que Washington espiaba datos financieros europeos desde 2002

Mientras los 10 grandes bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, conocían desde 2002 el envío masivo de información financiera de ciudadanos europeos a EE UU, a través de la empresa belga Swift -la mayor mensajería financiera del mundo-, la Comisión Europea y el Parlamento se enteraron por la prensa en junio de 2006. Ésta es una de las conclusiones que se desprenden de la audiencia pública que ayer reunió en el Parlamento Europeo al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, a directivos de Swift, legisladores belgas y europarlamentarios.

La sesión fue convocada para conocer más detalles sobre el traspaso de información surgido al calor del 11-S y que Washington considera vital para la lucha antiterrorista. "El BCE conoció el mandato judicial [de EEUU] a Swift en junio de 2002", dijo ayer Trichet, quien a continuación argumentó que dar a conocer ese dato hubiera supuesto un exceso de sus competencias como miembro del consejo supervisor de la compañía belga.

El pasado junio, el diario The New York Times desveló que Estados Unidos espiaba millones de transferencias internacionales desde los atentados contra las Torres Gemelas, y que lo hacía a través de Swift, la empresa creada en las afueras de Bruselas por un grupo de banqueros para reemplazar al télex. La semana pasada, el Gobierno de Bélgica, país que alberga la sede central de Swift, consideró que las transferencias de la mensajería financiera violaron la protección de datos de la vida privada, pero anunció que no llevaría a Swift ante los tribunales, ya que la empresa se encontraba en conflicto entre el derecho estadounidense (que obligó a su sucursal en EE UU a entregarle los datos) y el europeo (que le obliga a proteger los datos de sus ciudadanos).

Tal vez por eso, acusadores y acusados pidieron ayer en la Eurocámara nuevas reglas que regulen la respuesta europea al hambre de datos personales estadounidense, surgido tras el 11-S. "Hay que clarificar las interferencias entre la protección de datos y la lucha contra el terrorismo. Este no es un problema transatlántico ni europeo, sino global", defendió ayer Trichet.

Junto al caso Swift, el acuerdo de transferencia de datos personales sobre los pasajeros europeos que viajan a EE UU, ahora en suspenso por problemas legales internos de la UE, salió ayer a relucir en la Eurocámara como otro ejemplo del ataque a la privacidad de los individuos surgido a raíz de "la lucha contra el terror" declarada por Washington.

Algunos europarlamentarios consideraron urgente que los Veinticinco se sienten a negociar con EEUU con firmezasobre estos asuntos. "Swift dice que cumple con la ley estadounidense, pero si China pidiera lo mismo, ¿lo cumpliríamos también?", se preguntaba el eurodiputado liberal Ignasi Guardans.

InterrogadoSobre su conocimiento de los hechos, Trichet explicó que una de las funciones del G-10, como se conoce a los diez grandes bancos centrales del mundo además del BCE, es supervisar las actividades de Swift, pero que ese control se ciñe a evitar que las decisiones de la compañía "afecten a la estabilidad financiera" internacional.

Traspaso de datos

La protección de datos personales de los ciudadanos europeos no entraría pues dentro de las competencias de este comité supervisor, que para Trichet tiene una importante función moral que sin embargo, no se activa a la hora de defender la privacidad de los ciudadanos. Según el banquero francés, esa falta de competencia hizo que conocieran pero no autorizaran el traspaso de datos. Trichet explicó además que el G-10 se rige por una cláusula de confidencialidad que en cualquier casono hubiera permitido publicar la decisión de la empresa belga. Trichet dejó así la pelota en el tejado de Swift, la única responsable a su juicio de la transferencia de datos masivos a EE UU sin el consentimiento ni conocimiento de los afectados.

Swift, la empresa quemediante la cual se intercambian en una suerte de sobres cerrados información financiera 8.000 bancos de 206 países, defendió que no tenían más remedio que cumplir lo que poco después del 11-S les exigió la justicia estadounidense. Swift mantiene dos grandes bases de datos en las que conserva información de las transferencias bancarias durante 124 días. Una de estas gigantescas máquinas está en Holanda, la otra en EE UU. Y fue a la sucursal de Swift en EE UU a la que se dirigió el Departamento del Tesoro. "En este caso estamos sujetos tanto a la ley de EE UU como a la legislación europea", explicó durante la audienciaFrancis Vanbever, director financiero de Swift, quien además reconoció que no informaron a los afectados de la operación. A su juicio, la cesión de datos es "legal, limitada, circunscrita, supervisada y obligatoria" y sólo se ciñe a individuos implicados en investigaciones antiterroristas en curso.