El Parlamento rechaza apoyar el pacto con el ministerio sobre la Ley de Dependencia

El Parlamento se negó ayer a apoyar el principio de acuerdo que alcanzó en abril pasado el consejero Javier Madrazo con el ministro Jesús Caldera sobre el proyecto de ley de Dependencia elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El PSE presentó una moción para ratificar ese principio de acuerdo, pero el tripartito votó en contra al entender que invade las competencias de las diputaciones. Ezker Batua (EB) tuvo el papel más difícil al moverse entre la fidelidad al tripartito y el acuerdo suscrito por Madrazo, su coordinador general.

El PSE se quedó solo en la defensa de su moción, ya que el Partido Popular se abstuvo y defendió su propia iniciativa, en la que solicitaba que las instituciones trabajasen para llegar al mejor acuerdo posible. De esta forma, los votos del tripartito fueron suficientes para derrotar la proposición socialista e imponer su propuesta, en la que pide respeto para las competencias de las diputaciones, las encargadas de gestionar todo lo relacionado con la dependencia. El debate que ayer se vivió en el pleno del Parlamento confirmó el abierto desencuentro que mantienen los partidos en torno al proyecto de ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La falta de sintonía se produce entre los propios socios del Gobierno vasco (Ezker Batua frente a PNV y EA) y entre el tripartito y el PSE.

Frente al apoyo que concita el texto en la nación -se convertirá en ley la próxima semana con el apoyo de los partidos de izquierda y de derecha-, en Euskadi todo son pegas. La parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta presentó la moción como un último intento por lograr el consenso. Incluso advirtió de que en caso de que no se ratifique el principio de acuerdo que el pasado mes de abril alcanzaron el consejero Madrazo y el ministro Caldera sobre el proyecto, corren peligro los 8,7 millones de euros que el ministerio ofrece este año para proyectos pilotos relacionados con la dependencia en Euskadi.

Desde el PNV, Gema González de Txabarri criticó la cantidad de 8,7 millones por considerar que no se corresponde con los 12 millones que le hubiesen correspondido a Euskadi de aplicarse el reparto conforme a los criterios del Concierto Económico y el descuento vía Cupo. Además, lamentó que la Administración central no haya contado con los gobiernos autonómicos a la hora de diseñar la futura ley.

Kontxi Bilbao, de EB, fue quien lo tuvo más complicado para salir del entuerto. Por una parte, reconoció la existencia del principio de acuerdo y, por otra, garantizó que los 8,7 millones llegarán al País Vasco. Incluso anunció que las diputaciones ya se los han repartido de acuerdo con sus proyectos y la población dependiente de cada territorio. Sin embargo, se trata de un reparto sobre el papel porque físicamente aún no han percibido el dinero. "El convenio con el ministerio tiene vigencia en 2006 y no sirve para el resto de años", quiso tranquilizar Bilbao. "El dinero debe llegar por medio del descuento del Cupo, con lo que la cantidad debe ser mayor. Hay que dejar que los dos gobiernos trabajen con calma", añadió.

Zabaleta reiteró que el acuerdo pretende apoyar los servicios sociales, como la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche, las residencias. "No estamos sobrados de dinero y casi nueve millones de euros van a volar", se quejó.

Tortuoso camino

El recorrido del proyecto de ley de Dependencia en Euskadi ha sido tortuoso desde el inicio. En marzo, el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos lo rechazaron por vulnerar sus competencias y porque las prestaciones a las personas impedidas deberían incluirse dentro del sistema de Seguridad Social. Un mes después, Madrazo y Caldera firmaron un principio de acuerdo para sacar adelante el texto.

Esa especie de convenio recoge que el Concierto será el que regule, vía descuento del Cupo, la aportación que el Gobierno central realice a la comunidad autónoma para financiar la atención a la dependencia. Además, prevé el relevante papel de las diputaciones y la entrega de 8,7 millones a Euskadi este año para financiar programas sociales y planes piloto.

En mayo, el grupo del PNV en el Congreso anunció sorpresivamente su voto en contra del proyecto por intentar convertir competencias exclusivas de Euskadi en competencias compartidas con el Estado. El desmarque, acompañado por las diputaciones y por el Gobierno autónomo, dejó a Madrazo sólo. Desde entonces, los intentos por cerrar el acuerdo han sido infructuosos.