España admite que la UE limite las regularizaciones masivas de inmigrantes

El Gobierno dio ayer un paso decisivo hacia la aceptación de que la Unión Europea establezca los criterios que sus Estados miembros deben seguir en materia de regularización de inmigrantes sin papeles. Fue la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que dirige estas políticas, quien se pronunció públicamente en ese sentido al clausurar una cumbre de ministros de Exteriores e Interior de los ocho países comunitarios mediterráneos. Éstos pidieron a la UE que utilice todos sus recursos para que se puedan llevar a cabo las repatriaciones.

"Mi Gobierno puede compartir -de hecho comparte- que no debe haber regularizaciones, sin más ni más, ¡Por supuesto! (...) Y estoy segura de que en un futuro próximo todos actuaremos siguiendo los criterios, la política común que fijemos todos juntos en la Unión", dijo Fernández de la Vega. "Hay que iniciar una reflexión sobre si son compatibles o deseables ciertos tipos de regularizaciones", señaló más tarde el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

La Comisión Europea ha contabilizado recientemente en cuatro millones el número de sin papeles regularizados en Europa durante los últimos cinco años y ha propuesto que, a partir de 2007, toda regularización, aunque no sea masiva, sea consultada con los demás socios, a la espera de que el desarrollo de las competencias comunitarias en materia de justicia e interior permita adoptar una verdadera legislación sobre este asunto. El Parlamento Europeo se ha pronunciado esta semana en el mismo sentido.

Las respuestas a la consulta comunitaria, hasta aquí, habían escaseado. El Gobierno de Rodríguez Zapatero entró ayer en el debate, y lo hizo teniendo muy en cuenta que ha sido objeto de duras críticas por haber legalizado hace un año a 600.000 extranjeros en situación irregular. De hecho, las primeras menciones al tema por parte de la vicepresidenta y otros representantes españoles fueron para negar que esa regularización haya tenido el carácter de "masiva". "Sólo se regularizaron trabajadores con contrato, y con el acuerdo de empresarios y sindicatos", dijo De la Vega.

Propuestas conjuntas

El marco de estas precisiones fue el foro ministerial celebrado en Madrid por España, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Grecia, Chipre y Malta, a fin de elevar propuestas conjuntas a la cúpula comunitaria para potenciar el control de las fronteras marítimas meridionales de la UE. El tema de las regularizaciones no estaba en la agenda, pero lo introdujo el ministro del Interior y aspirante a presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, paladín de la prohibición de las regularizaciones masivas.

Sarkozy llegó tarde, estuvo apenas una hora en la cumbre, pero tuvo tiempo de explayarse en sus propuestas de limitar la inmigración a las capacidades del mercado y repatriar a todos los excedentes con medios europeos. Considera un dogma que la regularización a una cierta escala es inadmisible, porque provoca el "efecto llamada" y hace que las entradas ilegales se multipliquen. Ahí intentó quitar algún hierro a sus críticas a Zapatero. Dijo que Francia tiene experiencia en el mismo problema; que, "por desgracia", regularizó a 80.000 en 1997 y que aquella medida, como otras similares después -citó las de Aznar y Berlusconi- sirvieron para atraer a más inmigrantes.

Si se le pregunta al ministro francés qué se debería hacer con los quizás 14 millones de sin papeles que puede haber en Europa, admite que todos no podrán ser repatriados. Dice que lo serán quienes sean detenidos, que otros se legalizarán a través de matrimonios con nacionales o residentes y reconoce que seguirá quedando una bolsa, presumiblemente amplia, de irregulares.

Los representantes españoles, franceses y el resto de los convocados coincidieron plenamente sobre las repatriaciones. Los ocho Estados reunidos ayer pidieron a la UE que "asegure el cumplimiento de las obligaciones internacionales firmadas por los países de origen de los inmigrantes", incluso a través de la aplicación del artículo 13 del Acuerdo de Cotonou, que establece que quien reciba ayudas comunitarias deberá readmitir a sus ciudadanos que estén en Europa ilegalmente.