Petición de ayudas comunitarias para atender la llegada de los 'sin papeles'

Los países mediterráneos que controlan las fronteras meridionales de la UE animan a las autoridades comunitarias a "organizar y coordinar la solidaridad y apoyo europeos para las actividades sanitarias, sociales y asistenciales", incluso en sus aspectos financieros, que deben prestar a los inmigrantes que llegan ilegalmente a sus costas. Los ocho Estados reunidos ayer en Madrid se mostraron de acuerdo, en que los menores sin papeles -motivo de un problema creciente, porque su devolución al país de origen entra en conflicto con la protección que merecen- sean repartidos por toda la Unión, de modo similar a como dentro de España se reparten los inmigrantes ilegales entre las autonomías.

Éstas son dos de las propuestas más novedosas que los ministros de Exteriores e Interior de España, Francia, Portugal, Italia, Eslovenia, Grecia, Chipre y Malta acordaron elevar ayer a la Presidencia de la UE y de la Comisión Europea, con objeto de mantener vivo y agilizar el debate sobre la inmigración ilegal durante el próximo trimestre.

El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, reiteró que se trata de que estas iniciativas sean debatidas por los 25 en el Consejo de Justicia e Interior programado para el 4 de octubre, con vistas a que la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno debate y recoja en sus conclusiones, el 20 de octubre, "el nuevo concepto de frontera exterior marítima", de modo que el Consejo Europeo de diciembre, último de la presidencia finlandesa, pueda dar un fuerte impulso a la cooperación comunitaria en materia de inmigración.

Responsabilidad conjunta

El objetivo esencial de la reunión que, según subrayaron sus organizadores españoles, no tiene precedentes en el ámbito europeo, era poner de manifiesto la especificidad de las fronteras marítimas, para recabar posteriormente la atención reforzada, política y financiera, de la Unión que merecen, debido a la mayor dificultad de su gestión. Todo ello desde la convicción, reiterada ayer por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que los que entran en un país del sur vienen muchas veces para instalarse en otra parte de Europa, y que es, por tanto, la UE la que debe asumir la responsabilidad de sus fronteras.

A fin de superar las dificultades derivadas de la enorme zona a vigilar, de los costes que implica la actuación en el mar, la obligación de rescatar a posibles náufragos, la dificultad del retorno y la necesidad consiguiente de asistir a los sin papeles, los reunidos piden, por un lado, que la Unión Europea vuelque su potencia diplomática y económica en encauzar estos problemas; por otro, sugieren ideas concretas para desarrollar los organismos ya existentes, como la Agencia de Control de las Fronteras Exteriores (Frontex), que ha demostrado una dudosa eficacia en la crisis de Canarias.