Regularizaciones

Los Gobiernos de España y Francia no están tan distanciados sobre la regularización de inmigrantes ilegales, por mucho alboroto que hayan causado las recientes declaraciones críticas de Sarkozy contra la medida española y la dura respuesta de Zapatero de que no acepta lecciones de nadie. El ministro del Interior francés ha dicho que no quiere darlas, pero que tampoco está dispuesto a recibirlas. Quizá la fricción quede en anécdota frente al gran reto que Europa tiene con el fenómeno. Pero si hay algo claro después de la reunión ministerial de ayer en Madrid de los ocho países que forman la frontera sur europea es que todos ellos coinciden en que en el futuro ningún socio de la Unión Europea debe realizar procesos de regularización masivos y que sobre todo cualquier norma en ese sentido tiene que ser consensuada en el seno de la UE.

Es un aviso para navegantes, y en particular para España. Es obvio que así sea, porque si el fenómeno es un problema común de la Unión, ningún país miembro puede actuar por su cuenta y riesgo como ingenuamente hizo el jefe del Gobierno español a principios de esta legislatura. Ésa es una lección que es de esperar que Zapatero haya aprendido. Y ayer en Madrid se la recordaron los europeos. Pero si de lecciones se trata, Sarkozy debería admitir que resulta ilusorio que pueda fijarse por ley, como él propone al igual que Rajoy, la prohibición de regularizaciones. Lo que se legisle hoy puede quedar obsoleto mañana. Sin embargo, está bien que se hable de consensos y de que se fijen criterios sobre un problema del que no hay todavía una política común.

La minicumbre madrileña tenía todo el sentido, pues al fin y al cabo los ocho países participantes son los que más afectados están por la llegada de ilegales. Del encuentro salen por lo menos dos necesidades coincidentes: hay que reforzar la colaboración operativa, dotando de nuevos recursos a la Agencia de Control de Fronteras (Frontex) y desarrollando más las operaciones de patrullaje conjunto, y hay que intensificar la cooperación con los países de tránsito y de origen a través de más ayuda económica y la firma de convenios de repatriación. No pocas de las medidas esbozadas en materia de visados o de derechos sociales para los inmigrantes resultaba impensable que pudieran ser aplicadas hasta hace poco tiempo en el seno de la UE. Ahora, sin embargo, comienzan a ser más factibles debido a la conciencia generalizada de que no puede aplazarse por más tiempo la puesta en marcha de una política común migratoria europea.