Una ley regulará el derecho a hacer los trámites oficiales por Internet

Todo ciudadano tendrá derecho a solicitar información, realizar consultas, formular solicitudes o efectuar pagos a través de Internet. La normativa que prepara el Gobierno reconoce estos derechos de los ciudadanos. También establece los principios y procedimientos para que éstos, las empresas y los profesionales se relacionen por la Red con sus administradores con las mismas garantías jurídicas que ofrece la gestión directa en la ventanilla de la oficina presencial. Es decir, convierte en derecho lo que hasta ahora se ofrece por voluntad de los administradores.

El texto reconoce el derecho de cualquier ciudadano a relacionarse con la Administración por medios electrónicos y, por lo tanto, convierte en obligación de los administradores prestar el servicio por Internet, aunque también lo garantiza a través del teléfono y las oficinas de atención presencial.

Se podrá tramitar cualquier gestión y agregar la documentación necesaria -fotografías, planos, etcétera- a través de Internet. Para ello se crea el Registro Electrónico, abierto día y noche durante todo el año y del que se podrá obtener un acuse de recibo en formato digital. Además, el contribuyente podrá seguir la pista de su expediente administrativo: dónde está en cada momento y cuántos trámites faltan para su aprobación, entre otros aspectos.

El texto crea las figuras del defensor del usuario y la "sede de la administración electrónica". El defensor "velará" para que se cumplan los derechos de los ciudadanos, atenderá las quejas y violaciones de la ley y "actuará de forma coordinada" con las instituciones análogas que creen las autonomías.

'eSede' oficial

La "sede" será el lugar oficial de prestación de servicios electrónicos al ciudadano. Es decir, la publicación de actos y disposiciones en una página web de un ayuntamiento deja de tener carácter orientativo, como ocurre ahora, para poseer "el mismo valor de las publicaciones en los diarios oficiales". El ciudadano también tendrá el derecho a elegir su medio preferido de comunicación y notificación administrativa.

De momento, el documento redactado por el Ministerio de Administraciones Públicas es un "esquema" de los contenidos que, a su parecer, deben incluirse en el anteproyecto de Ley de Administración electrónica para reducir la burocracia y el papeleo, evitar colas y, en definitiva, terminar con el 'vuelva usted mañana', al menos en su versión electrónica.

El documento, que ya ha sido enviado a comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones profesionales y otras organizaciones, ha sido elaborado con las recomendaciones del Consejo Asesor de Administración Electrónica y de las aportaciones de los ciudadanos al documento, disponible en la página web www.060.es. A partir de ahora se abre el plazo de sugerencias y alegaciones. El objetivo es que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley a final de año o principios de 2007.

Éste no es un proyecto caprichoso, sino que es básico para el aumento de la productividad del país, como lo muestra el estudio Economist Intelligence Unit.

Además, es un objetivo prioritario de la Unión Europea (UE). El plan de acción de la Comisión sobre administración electrónica incluye, entre otros objetivos, lograr desde ahora a 2010 que el 100% de la contratación pública pueda realizarse a través de Internet, así como la generalización de la facturación electrónica. Según Bruselas, esto permitirá un ahorro de 300.000 millones de euros al año.

Finlandia, que siempre ocupa las primeras posiciones entre los países con mejor gobierno electrónico del mundo, tiene su propia normativa desde 2003. El texto regula los derechos, deberes y responsabilidades de administradores y ciudadanos en un entorno digital.

Austria (2004) e Italia (2005) también tienen la suya propia, así como Estados Unidos, legislaciones que han servido a los redactores españoles para elaborar el proyecto. Francia ultima la suya y el Reino Unido ha redactado diversos decretos legislativos al respecto.

Algunas comunidades autónomas, como Andalucía o Cataluña, también tiene en cartera la redacción de una norma sobre administración electrónica, además de los ayuntamientos de Barcelona y Sabadell, donde ya está en vigor la ordenanza desde marzo pasado y mayo de 2005, respectivamente.