También las ONG

El Gobierno parece decidido a extender a las organizaciones no gubernamentales con fines sociales el nuevo modelo de financiación pactado con la Iglesia católica y anunciado el pasado día 22. El sistema incrementa del actual 0,52% al 0,7% la cuota de asignación voluntaria del contribuyente a través del IRPF y suprime la aportación suplementaria del Estado vía presupuestaria y las exenciones de IVA en las operaciones de compraventa de bienes e inmuebles. Resulta bastante coherente que la mejora que ahora se concede a la institución católica alcance también a las ONG. Es un asunto de justicia equitativa y los propios obispos así lo han reconocido. Cualquier cosa distinta entraría en el capítulo de discriminaciones hacia agencias que desempeñan funciones asistenciales y de beneficencia de gran valor y cuya labor despierta en sectores de la población más comprensión y afecto que la propia jerarquía católica.

La decisión, en cualquier caso, no está aún completamente cerrada. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se precipitó ayer al darla ya por hecha. Su colega de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la matizó al indicar que está todavía en estudio y que será discutida con los grupos parlamentarios durante la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, así como con representantes de los propios beneficiarios. Aun no siendo de enorme gravedad la ligereza cometida por López Aguilar, mejor habría sido que hubiese coordinado antes con Caldera lo que tenía que decir.

Estos gestos contradictorios sirven sólo para confundir y empañar las consecuencias del pacto entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, calificado como satisfactorio por las dos partes, aunque en un primer momento ésta expresó reservas. Sin duda, es un paso en la buena dirección, probablemente el único posible en la actual coyuntura política, pero no por eso deja de estar todavía lejos del compromiso de los obispos españoles de autofinanciar su institución. En realidad, bajo la óptica del pragmatismo contable, no es equivocado afirmar que la Iglesia no sale en teoría perjudicada con la nueva fórmula: lo que pierde del hasta ahora capítulo de complemento gracioso concedido por el Estado y de la exención del IVA, lo percibirá del incremento de la cuota voluntaria de los contribuyentes a través del IRPF. Porque resulta harto difícil creer que haya pactado sin que las cifras le cuadren.