Técnicas de saqueo

La investigación judicial construida por el juez Miguel Ángel Torres sobre la Operación Malaya causa gran impacto por el alcance de la corrupción que se ha cebado sobre los ciudadanos de Marbella, probablemente desde mayo de 1991, cuando ganó las elecciones el GIL. En los 10 tomos del sumario que acaban de conocerse parcialmente aparecen documentados toda clase de pingües delitos organizados por concejales y funcionarios del Ayuntamiento marbellí, desde permutas ilegales de terrenos hasta recalificaciones discrecionales o multas sin control. Pero sobre todo destaca la práctica intensiva de las comisiones; con el omnipresente gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, como muñidor de referencia, los cargos públicos implicados exigían comisiones por cualquier actividad pública, como la prórroga de la contrata de autobuses urbanos o el contrato de vallas publicitarias.

Durante los últimos años, en el Ayuntamiento de Marbella no hay el menor atisbo de gestión pública o preocupación por los servicios ciudadanos. Funcionaba sencillamente como un centro de saqueo organizado con el propósito de enriquecer a los funcionarios locales que participaban en la red de extorsión. Por ejemplo, la fortuna de Roca está calculada en 2.400 millones de euros. El coste para los marbellíes ha sido el desvalijamiento de las arcas municipales y para los empresarios locales la obligación a recurrir a sobornos cada vez más elevados si querían mantener o ampliar sus negocios. Una relación turbia en la que nadie era inocente. Las expresiones grabadas en las cintas de vigilancia confirman la venalidad consciente de los beneficiados de este singular patio de Monipodio. Sirva como ejemplo la seguridad con que Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde durante el mandato de la alcaldesa Marisol Yagüe, asegura tajantemente que "yo, papel que hago, papel que cobro". Resulta un grueso sarcasmo que la propia García Marcos haya llegado a equipararse con un "preso político".

Es imprescindible que la investigación judicial se lleve hasta el final -el rastro de los negocios sucios lleva ya a operaciones irregulares en Murcia- y que los responsables perciban el peso de la ley. Pero, además, los poderes públicos deberían aprovechar el escándalo que ha causado en la opinión pública el régimen de sobornos y extorsión en Marbella para imponer normas y controles que garanticen mejor la limpieza de las prácticas municipales.