Italia desmantela una red clandestina que espió a más de 100.000 personas

Una red clandestina, nacida en el interior de la sociedad Telecom Italia y con ramificaciones en la policía y los servicios secretos, espió durante una década a más de 100.000 políticos, financieros, personajes del mundo del fútbol y ciudadanos anónimos. Los presuntos creadores de la red fueron detenidos el miércoles, pero se desconoce aún si por encima de ellos existía una cúpula que utilizaba la información para fines políticos o económicos. La organización podría estar conectada con asuntos como la desaparición en Milán de Abu Omar, un egipcio supuestamente secuestrado por la CIA.

El asunto recordaba a anteriores redes secretas italianas, desde Gladio a la logia masónica P2 de Licio Gelli (amigo de Giuliano Tavaroli, uno de los principales implicados en el caso Telecom). Y en él se anudaban varios escándalos recientes: el espionaje político del centro-derecha contra los candidatos de la oposición en la región romana, la corrupción en el fútbol y el secuestro de Abu Omar por parte de agentes de la CIA.

Entre los espiados figuraban financieros como Giuliano y Luciano Benetton, Carlo de Benedetti, Diego della Valle (dueño de los calzados Tod's y del equipo de fútbol Fiorentina), Emilio Gnutti (uno de los inversores que frenaron la OPA del BBVA sobre Banca Nazionale del Lavoro) y Cesare Geronzi (presidente del banco Capitalia). También aparecían Piero Marrazzo, presidente de la región Lazio, y la eurodiputada ultraderechista Alessandra Mussolini.

En el renglón del calcio se contaban Franco Carraro (ex presidente de la Federación de Fútbol), Massimo de Santis (árbitro implicado en la manipulación de resultados en el fútbol profesional) y el futbolista Bobo Vieri. Fueron igualmente espiados cientos de empleados de Telecom y Pirelli.

El caso resultaba aún confuso, por su gigantesca dimensión, para los propios fiscales. Uno de ellos comentó que se asemejaba a Echelon, el sistema de espionaje mundial creado por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, pero a escala italiana.

Datos en la hoguera

Muchos datos ardieron el año pasado en una gran hoguera encendida cerca del aeropuerto de Malpensa: los implicados sabían que la Fiscalía de Milán seguía sus pasos y decidieron destruir pruebas. Pese a todo, la juez Paola Belsito afirmó que el archivo de la red era "más completo que el de la propia policía".

Todo empezó en los años setenta, con la amistad de tres jóvenes. Dos de ellos, Giuliano Tavaroli y Marco Mancini, eran modestos carabinieri en Milán. El tercero, Emanuele Cipriani, era empleado de banca. Tres décadas después, Tavaroli era jefe de seguridad de Telecom Italia, con total autonomía presupuestaria y sin otro superior que el propio presidente de la sociedad, el recién dimitido Marco Tronchetti Provera.

Mancini era el número dos del Sismi, el servicio de inteligencia militar. Y Cipriani era dueño de Polis Distinto, una gran agencia de detectives de Florencia. Los fiscales consideran que fueron Tavaroli y Cipriani quienes organizaron la red, con la cooperación de Mancini.

Tavaroli y Cipriani fueron detenidos el miércoles, junto con otras 18 personas (funcionarios y policías que cooperaban con la red). Mancini ya fue detenido meses atrás por su implicación en el secuestro del islamista radical Abu Omar, en el que presuntamente cooperó con la CIA, y actualmente permanece en libertad condicional.

Según las primeras estimaciones, Tavaroli y Cipriani acumularon, gracias al espionaje ilegal, una fortuna superior a los 20 millones de euros. Funcionaban de una forma relativamente simple. Tavaroli, como jefe de seguridad de Telecom, conocía los mecanismos usados por la policía para efectuar escuchas telefónicas legales. Y empezó a utilizarlos por su cuenta.

Cipriani aportaba datos complementarios, gracias a la corrupción de decenas de funcionarios y empleados de banca, pagados generosamente con fondos de Telecom. Los fiscales quieren averiguar si Tavaroli sustraía dinero a la empresa de telecomunicaciones, gracias a su total autonomía, o si existía connivencia por parte de los máximos responsables de Telecom.

El tercer hombre, Marco Mancini, jefe operativo del espionaje militar, cooperaba en los "casos extraordinarios" y aprovechaba para su trabajo los recursos de sus amigos. Tavaroli explicó a la policía, por ejemplo, que "tras la matanza de Al Qaeda en Madrid" facilitó a Mancini la identidad del dueño de un teléfono móvil "que interesaba mucho a los servicios secretos españoles".

Secuestro de Abu Omar

Mancini no actuó, al parecer, por su cuenta en el secuestro de Abu Omar. El fiscal Armando Spataro proporcionó al Parlamento datos que indicaban que el director del Sismi, Nicoló Pollari, confirmado en el cargo por Romano Prodi tras el cambio de Gobierno, dio la orden de colaborar con la CIA en el secuestro ilegal de personas sospechosas de cooperar con el terrorismo islámico.

Entretanto, el ministro de Justicia italiano, Clemente Mastella, anunció ayer la apertura de una investigación interna para averiguar si "las estructuras de la Administración de Justicia" estaban implicadas en la red de espionaje masivo. Mastella, un centrista ha

bituado a saltar del centro-izquierda al centro-derecha, afirmó que el asunto constituía "un grave atentado contra las libertades civiles y democráticas no sólo por las escuchas ilegales, sino por la abusiva, descontrolada y quizá instrumental difusión de datos importantes conseguidos durante las investigaciones".

El ministro dio a entender que aprovecharía el escándalo de Telecom para acabar con las "filtraciones" a la prensa de las conversaciones grabadas por la policía con mandato judicial. Esas "filtraciones" son frecuentes, e ilegales. También suelen ser, sin embargo, decisivas para frenar casos de corrupción que por la vía reglamentaria podrían durar de forma prácticamente indefinida.