Los empresarios confesaron al juez el vasto sistema de sobornos que imperaba en Marbella

El sistema de corrupción creado por el equipo de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella no se caracterizaba precisamente por su sutileza. Los testimonios al juez de algunos empresarios que pagaron comisiones para obtener o mantener la concesión de servicios municipales revelan que algunos concejales pedían la mordida sin ningún tipo de miramiento, con basteza y tosquedad.

El ex concejal de Transportes Victoriano Rodríguez, que ha pasado seis meses en prisión, fue uno de los ediles que más se prodigó en la petición de comisiones. El mismo día que fue detenido, el pasado 27 de marzo, iba a recibir 300.000 euros de Corporación Española de Transportes previa a la concesión de la explotación de la estación de autobuses de Marbella. Después de la firma del contrato, la compañía aún debería abonar otros 90.000 euros.

Una empresa de publicidad rebajó las comisiones pedidas con invitaciones a comidas y regalos de cajas de puros

Yagüe, Roca y Rodríguez se repartieron 360.000 euros por prorrogar la contrata de los autobuses urbanos

El concejal de Transportes iba a recibir 300.000 euros el día de su detención por la concesión de la estación de autobuses

El gerente en Málaga de Automóviles Portillo, filial del mencionado grupo empresarial, Julio de Marco, contó al juez que esta compañía fue la única que se presentó al concurso público convocado por el Ayuntamiento y que, cuando acabó éste se dirigió a Victoriano Rodríguez para saber cuándo se iba a firmar la adjudicación; el ex concejal le exigió para ello el pago de 390.000 euros además del canon estipulado.

De Marco contó también al juez que Corporación Española de Transportes ya pagó a Victoriano Rodríguez 360.000 euros por renovar la concesión del transporte público en la ciudad en un contrato al que el interventor municipal había puesto múltiples reparos. El gerente declaró que sabía por el ex presidente de la compañía José Luis Rubio que pagó esa cantidad y que Victoriano Rodríguez se la repartió con la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el ex gerente de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

Especialmente elocuente sobre el sistema de cobro de comisiones resulta el relato del propietario de una empresa de publicidad en vallas, José Luis Alonso, quien se queja de haber sido extorsionado reiteradamente. En septiembre de 2004, el concejal de Transportes le dijo que "tenía que colaborar con el partido aportando cierta cantidad". Durante varios años, Alonso dijo no haber pagado más que el canon correspondiente por las instalaciones publicitarias, pero entonces Rodríguez le pidió "cinco millones de pesetas" (30.000 euros), aunque dijo que consiguió rebajar la cantidad a 21.000 euros (tres millones y medio) a cambio de "invitar a comer varias veces al ex concejal y un funcionario municipal y de regalarle hasta 10 cajas de puros".

En 2005, la exigencia fue de 43.272 euros. Alonso contó al juez que la forma de pago era dejar un sobre sobre la mesa del despacho del concejal. La última vez, en febrero pasado, dejó 24.040 euros y antes de marcharse el concejal le advirtió de que no se olvidara ir por allí "porque tiene mucha gente y un tío con un zurrón muy bueno dispuesto a sustituirle".

El adjudicatario de la grúa y de vehículos en alquiler al consistorio, Ismael Pérez Peña, reconoció también al juez haber pagado 180.000 euros a Roca y Yagüe, aunque dijo que era un préstamo "para una cosa del Ayuntamiento", y no para mantener el servicio de la grúa. Pérez Peña le suministró tres vehículos a la familia de la alcaldesa.