18 informes que anunciaban la masiva corrupción

El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro Jiménez, entregó el pasado 30 de marzo al juez de la Operación Malaya, Miguel Ángel Torres, 18 informes con todos los reparos que puso por escrito a los acuerdos que el gobierno municipal tomaba y que, según la investigación judicial, estuvieron plagados de irregularidades que afectaban a contratos, permutas y convenios urbanísticos entre 2001 y 2004.

Las recurrentes investigaciones judiciales por corrupción sobre Marbella -Operación Saqueo 1, Saqueo 2, Malaya, Camisetas...- avalan que cuando en ese municipio se habla de irregularidades no se trata de meros defectos procedimentales sino que es un eufemismo que encubre regalos en contratos o favores urbanísticos a empresarios que luego retribuyen a los ediles mediante sobornos. La chapuza jurídica es la antesala del soborno. Todas las operaciones municipales cuestionadas se llevaron a cabo por el Ayuntamiento pese a la denuncia del interventor.

Sus informes son una guía de cómo se perpetró la corrupción en Marbella. En los procesos judiciales han aflorado las mismas corruptelas que en sus ignorados escritos apuntaba el interventor: las anomalías que veía en la contrata de la grúa han reventado como puja de sobornos, Y han ingresado en prisión por cohecho constructores que citaba como beneficiarios de convenios urbanísticos sin tasación alguna cuyo gestor era el presunto cerebro de la red de corrupción municipal, Juan Antonio Roca.

El desinterés del equipo de gobierno por sus denuncias fue absoluto. "Le participo que en fecha 23 de agosto de 2002 y 11 de mayo de 2004 remití a esa secretaría, junto a notas interiores, los expedientes de irregularidades tramitados para los años 2000 y 2001 respectivamente, sin que al día de la fecha se hayan dado cuenta al Ayuntamiento Pleno, por lo que ruego inste su inclusión entre los asuntos a tratar en próxima sesión". El escrito por el que requería la atención del Pleno sobre las irregularidades de 2000 y 2001 es de diciembre de 2005. Su destinatario, el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, está imputado en la Operación Malaya. He aquí el desglose de las actividades municipales bajo sospecha del interventor referidos a 2002 y 2003:

- Permutas. Nueve informes haciendo constar que falta el informe técnico del Ayuntamiento donde se haga una valoración sobre la permuta de terrenos que se aprueba.

- Convenios urbanísticos. Se han emitido 9 informes en 2002 y otros 19 en 2003. En todos se participa a la corporación la necesidad de que se adjunte a los mismos los informes técnicos de Arquitectura y de Urbanismo respecto a la posibilidad legal de cumplimentar la modificación urbanística que se propone, y de tasación por el servicio de Urbanismo de los importes económicos que suponen los aprovechamientos urbanísticos que se fijan en los convenios.

- Enajenación o concesión administrativa. Los más de veinte informes emitidos hacen constar las mismas observaciones que las realizadas sobre los convenios: en los expedientes no existen los informes sobre su viabilidad legal o sobre la valoración de las parcelas en juego.

- Multas de Policía Local. En este terreno, el interventor denuncia que no existe control administrativo sobre las multas por parte de Tesorería y de la propia Intervención durante los años 2002 y 2003 por falta de la información que debería facilitar la Policía Local.

- Grúa para retirar vehículos. Durante 2002 y 2003 fue realizado este servicio con autorización única de la jefatura de la Policía Local, sin la ratificación del gobierno municipal. Tanto en 2002 y 2003, el servicio de recogida de vehículos mal estacionados en la vía pública fue prestado sin la constitución de fianza alguna y sin contrato administrativo, lo que dificulta la cobranza del canon incluso en vía de apremio, lo que quiere decir que el Ayuntamiento no ha percibido cantidad alguna por el canon de la entidad prestataria. Durante este año de 2005 ha sido adjudicado el servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad, con una sola oferta, tras la tramitación de un expediente de licitación mediante concurso que resultó desierto. A pesar de lo indicado, aún no está formalizado el contrato de prestación de servicios a pesar de la orden de la alcaldía, tampoco están constituidas las fianzas correspondientes. En torno al servicio de la grúa, la investigación policial destapó los negocios entre el empresario que explotaba ese servicio y los concejales del gobierno.

El informe de 2001 del interventor ya anticipaba las mismas irregularidades que desgranaría sobre 2002 y 2003. El interventor, en sus sucesivos informes, citaba a varios beneficiarios de operaciones urbanísticas que acabarían engrosando el sumario de la Operación Malaya.

- Tomás Olivo. A favor de este promotor se aprobó una operación de venta de 17.000 metros cuadrados en San Pedro de Alcántara. El interventor recuerda que se hizo sin ningún procedimiento de licitación o subasta.

- José Ávila Rojas. Contrato concertado con su empresa Yambali 2000 en la que el interventor echa en falta la debida acreditación por los servicios técnicos municipales de los aspectos legales y de su valoración.

- Emilio Rodríguez Bugallo. Su empresa, Construcciones Salamanca, recibió un contrato sin constar el pronunciamiento de los técnicos sobre sus aspectos legales o sobre la valoración de los aprovechamientos urbanísticos cedidos.

- Carlos Sánchez Hernández. Beneficiario de un contrato sin informe de los servicios técnicos de Arquitectura y Urbanismo.

- Rafael Gómez Sánchez. Contrato con El Arenal 2000 sin informe urbanístico ni de valoración de los técnicos.

- Letrados onerosos. El interventor también ha recriminado, sin éxito, por considerarlo ilegal, el coste para las arcas municipales de la defensa de los miembros de la corporación marbellí en procesos penales, por entender que la jurisprudencia marca que son gastos privados. Así, en febrero de 2001 cuestionó el pago -23 millones de pesetas y cinco millones mensuales- al letrado José María del Nido, acordado por el alcalde Julián Muñoz para responder al informe del Tribunal de Cuentas (1990 a 1999) en el proceso de enjuiciamiento subsiguiente. No sólo le parecía excesivo su coste, ya que Del Nido se limitó a "refundir" los informes de los funcionarios municipales, sino que argumentó que no se podrían utilizar sus servicios para atender responsabilidades personales de los concejales en las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

También considera el interventor irregular la contratación con cargo a las arcas municipales del letrado Pablo Luna, sin que existiese acuerdo municipal alguno, para atender la defensa privada de algunos concejales.