La comunidad educativa se une contra la propuesta de reforma del Consejo Escolar

El Ministerio de Educación pretende reformar el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano de debate de la enseñanza no universitaria, para dar voz a los 17 presidentes de los consejos escolares autonómicos. Pero la idea, plasmada en el borrador de un real decreto, no ha sido bien recibida por buena parte de la comunidad educativa. Más bien, la propuesta de reforma ha despertado críticas y suspicacias entre profesores, sindicatos, padres de alumnos y asociaciones de estudiantes. Algunos, como el Sindicato de Estudiantes o la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), consideran que la reforma del consejo es necesaria, pero no tal y como la plantea el ministerio.

La reforma incluye la ampliación del número de miembros que integran el pleno

La principal polémica se basa en la intención del ministerio de incluir en el Consejo Escolar del Estado a los 17 presidentes de los consejos autonómicos. El ministerio justifica la necesidad de incorporar a estos 17 presidentes (todos, menos el de Canarias, son elegidos por la Administración) en que las competencias educativas están ya transferidas a las comunidades. Los opositores a la reforma, en cambio, creen que el consejo va a quedar politizado en detrimento de los defensores de los temas meramente educativos.

"La incorporación de los representantes autonómicos es enriquecedor para el consejo y aportará nuevas visiones. Y eso no significa que se vaya a politizar este organismo. Los 17 presidentes no son ni más ni menos políticos que el resto de representantes del Consejo Escolar del Estado", subraya Fernando Gurrea, subsecretario del Ministerio de Educación. Y pone como ejemplo lo que ya ocurre en otro órgano consultivo en materia educativa: el Consejo de Coordinación Universitaria, donde están presentes los representantes de las distintas regiones.

El pasado 13 de septiembre terminó el plazo para presentar las enmiendas en contra de esta polémica reforma, incluida en la nueva Ley Orgánica de Educación. Después, la comisión permanente y el pleno del Consejo Escolar del Estado debatirán el asunto en diferentes sesiones y, por último, el consejo remitirá un informe al Ministerio de Educación. ¿Y si el ministerio no escucha las peticiones de la comunidad educativa? "Esperamos que la Administración sea sensible a nuestras peticiones; la imposición de este decreto es un desatino", advierte Lucía Martín, del sindicato CC OO.

El Consejo Escolar tiene una comisión permanente, que entre otras funciones se encarga de elaborar informes educativos. Los 17 presidentes de los consejos autonómicos formarían una comisión, llamada territorial, paralela a esta permanente y con prácticamente las mismas misiones.

"Nosotros no nos oponemos a que participen los presidentes autonómicos en el consejo; pero pensamos que la reforma no es la adecuada. El Consejo Escolar tiene que tener poder de decisión con representantes elegidos desde abajo", señala Juan José López, representante del Sindicato de Estudiantes.

La reforma también incluye la ampliación del total de miembros del pleno, que pasa de 82 a 108, un aumento que perjudica a los profesores de la enseñanza privada. Las dos asociaciones principales de padres, la confederación laica CEAPA y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), tampoco ven con buenos ojos la reforma. Para Luis Carbonell, presidente de la Concapa, el nuevo Consejo Escolar "reduce aún más el peso que tienen los representantes de los padres". "La inclusión de los 17 presidentes autonómicos no significa precisamente más pluralidad", concluye.

Lola Abelló, presidenta de la CEAPA, cree que es necesario avanzar hacia un consejo representativo de las autonomías, "pero la manera en la que se presenta, en una comisión territorial, no es la adecuada". "Se debería de plantear entonces comisiones de padres o profesores para estar todos al mismo nivel", señala Abelló,

Desde el Ministerio de Educación opinan que, en general, los miembros del consejo no están en contra de la incorporación de los presidentes autonómicos, "sino que tienen distintos criterios de cómo deben de ser incorporados, del peso que tienen que tener dentro del organismo", concluye el subsecretario Fernando Gurrea.