El Gobierno iniciará las conversaciones formales con ETA antes de un mes

El Gobierno y ETA iniciarán antes de un mes las conversaciones que abordarán el final de la violencia y las medidas de reinserción de los presos etarras, como anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 29 de junio. Paralelamente, los partidos vascos -a excepción del PP, que se ha automarginado del proceso- han multiplicado durante los últimos días sus contactos bilaterales, de carácter reservado e informal, para lograr un preacuerdo sobre el funcionamiento y método de la mesa de partidos, que garantice la participación de la izquierda abertzale. La voluntad de las partes de activar ambas mesas ha suavizado las tensiones surgidas en el proceso de paz este verano.

En el primer encuentro se abordarán "los incumplimientos" de ambas partes

La primera reunión entre el Gobierno y ETA, tras el alto el fuego del 22 de marzo, cuya celebración está prevista antes de un mes, abordará, como primer asunto, los "incumplimientos" de las bases que originaron el alto el fuego por sus suscriptores. Previsiblemente, la representación gubernamental exigirá a ETA el cese del rebrote de la kale borroka, y ésta se quejará al Ejecutivo de las dificultades judiciales de Batasuna. Pero no han sido éstas las claves del bloqueo del proceso que, en este momento, entra en fase de distensión.

El bloqueo surgió cuando la cúpula de ETA decidió en julio, en coordinación con Batasuna, al poco de que Zapatero anunciara las conversaciones entre el Gobierno y la banda para el verano, retrasar el inicio de las mismas y fijar como prioridad el reconocimiento de la mesa de partidos, la pata política del proceso.

ETA y Batasuna interpretaron que el Gobierno aceleraba sus conversaciones con la banda para lograr el alto el fuego definitivo y, a su vez, eludir la mesa de partidos. Las coincidentes declaraciones de Zapatero y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, de "primero la paz y después, la política", tras la declaración de alto el fuego, fueron la voz de alarma en las filas abertzales.

El recelo de ETA partía de que, según las bases que originaron el alto el fuego permanente, entre esta declaración y la del presidente del Gobierno, anunciando las conversaciones con ETA, debían pasar seis meses. Pero, entre el alto el fuego de ETA, anunciado el 22 de marzo, y la declaración de Zapatero, el 29 de junio, sólo transcurrieron tres meses. ETA y Batasuna interpretaron que Zapatero acortó los plazos para primar los avances en el fin de la violencia en detrimento de la mesa de partidos.

A esa interpretación contribuía el que los partidos vascos, incluido el PSE, retrasaban la mesa de partidos, con el argumento de que Batasuna era ilegal. El PSE no asumía que con su actitud incumpliera el preacuerdo con ETA sobre el alto el fuego, porque nada se había acordado, en dichas conversaciones sobre la mesa de partidos al ser su funcionamiento, método y contenido una competencia exclusiva de los partidos. Lo que acordaron el PSE y ETA, en las reuniones previas, fue separar el proceso de fin de la violencia -del que se avanzaron algunas condiciones- de la normalización política, cuya competencia era de los partidos.

La impaciencia y el temor de ETA a que los socialistas eludieran la constitución de la mesa de partidos le llevó no sólo a retrasar los contactos con el Gobierno, previstos para el verano, sino a exteriorizarlo, con la publicación del comunicado del 18 de agosto en el que acusó al Ejecutivo de "desvirtuar el proceso y vaciarlo de contenido".

No obstante, ETA nunca comunicó al Gobierno oficialmente las causas del retraso. Más bien dio a entender que eran razones "técnicas", como la seguridad. Pero tampoco el Gobierno hizo nada por forzar el encuentro con ETA y optó por esperar a que los hechos madurasen. De hecho, el inicio del diálogo del Gobierno con ETA se va a cumplir en los plazos previstos en el preacuerdo, seis meses después de la declaración de alto el fuego.

El reto de ETA contó con la complacencia de las bases de Batasuna, irritadas por las trabas judiciales que padecieron sus actos públicos, de marzo al verano, en la fase inicial del proceso, coincidente con la titularidad del juez Fernando Grande-Marlaska en la Audiencia Nacional. Éste, en enero de 2006, dos meses antes del alto el fuego, suspendió por dos años más a Batasuna.

En un primer momento, Batasuna, predispuesta a pasar por la ventanilla y cumplir la Ley de Partidos, tras un periodo de funcionamiento paralegal, se enrocó ante la actitud de Grande-Marlaska y se negó a legalizarse. Los líderes de Batasuna alegaron que no existían garantías jurídicas para su legalización con el cumplimiento de la Ley de Partidos al existir abierta la vía penal, que es por la que Grande-Marlaska ha impedido sus actuaciones.

Pero, tras el comunicado de ETA del 18 de agosto, Batasuna ha aclarado que la causa principal del bloqueo del proceso radica en la ausencia de la mesa de partidos políticos. Fuentes conocedoras del proceso afirman que si se desbloquea la mesa de partidos, Batasuna se legalizará porque era lo previsto en el proceso.

En los últimos días, los partidos vascos, a excepción del PP que se ha automarginado, han iniciado contactos bilaterales, discretos e informales, con el fin de lograr un preacuerdo sobre el método y el funcionamiento de la mesa de partidos, pero que no predetermine nada sobre su contenido. Las fuentes consultadas señalan que estas conversaciones, uno de cuyos objetivos es garantizar a Batasuna que habrá mesa de partidos cuando se legalice, funcionan a "buen ritmo".

Los partidos vascos hacen ese esfuerzo, con el objetivo de que Batasuna se incorpore a la política, participe en la futura reforma del Estatuto, y, con su participación en la política, se consolide el proceso de paz. También confían en que el PP se sume al proceso.