El Ejecutivo admite la posible reforma de la Ley de Extranjería

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que en la ronda de partidos, que protagonizará la próxima semana, introducirá la posibilidad de reformar la Ley de Extranjería para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal. De la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistió en que no renuncia a alcanzar, en esa ronda de partidos, el pacto de Estado que propuso el martes ante el plenario del Grupo Socialista, pese a la actitud del PP, que respondió que la oferta "llega tarde".

En este sentido, recordó que el PSOE, desde que estaba en la oposición, reclamó el pacto de Estado al Gobierno del PP y lo reiteró en septiembre de 2004, estando ya en el Ejecutivo, cuando trabajaba sobre el reglamento de Extranjería. "Nunca es tarde si se aborda el tema como debe ser", dijo.

La vicepresidenta del Gobierno adelantó los ejes sobre los que puede girar el pacto de Estado que propuso contra la inmigración ilegal: control de fronteras; implicación de la Unión Europea; aumento de medios y búsqueda de acuerdos con los países de origen de la inmigración.

También dirigió un mensaje positivo a la nueva actitud del Gobierno de Senegal, al constatar su "buena voluntad" para luchar contra la inmigración ilegal, plasmada en los acuerdos suscritos y en su aceptación de los inmigrantes repatriados. De la Vega señaló que las autoridades del país africano pidieron "respeto para sus asuntos internos", lo que se tradujo en la "discreción" del silencio sobre las repatriaciones, que "continuarán en los próximos días".

"Imán para irregulares"

El PP, a través de su secretario general, Ángel Acebes, acusó al Gobierno de haber convertido España en un "imán para la inmigración irregular de todo el mundo", informa Pilar Marcos. Los populares registraron ayer una Proposición no de Ley con medidas para hacer frente a este problema. Junto a la prohibición por ley de nuevas regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares, hay un decálogo de medidas entre las que destacan: elaborar una base de datos de inmigrantes irregulares con orden de expulsión y los que lo sean tras la última regularización; promover que los irregulares que delincan cumplan la pena en sus países de origen, y designar un único responsable máximo del Gobierno en este asunto en Interior.

El PP pretende también que se cree, para lo que resta de legislatura, una comisión mixta Congreso-Senado sobre la inmigración. Esa solicitud debe ser aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados.