El Gobierno acuerda con la UE reinsertar a los repatriados en sus países de origen

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero volvió a lanzar ayer un nuevo mensaje de firmeza frente a la avalancha de subsaharianos en Canarias, y advirtió de que España "no acepta la inmigración clandestina". Su intervención se desarrolló en el mismo sentido que el discurso de la víspera de la vicepresidenta, quien aseguró que todos los que están llegando en cayucos serán expulsados, y marca un cambio de tono en la política migratoria. La propia María Teresa Fernández de la Vega acordó ayer con el comisario de Desarrollo de la UE, Louis Michel, un plan para la reinserción de repatriados en sus países de origen.

"Es necesario reiterar que España es un país que necesita la inmigración para el mercado de trabajo, pero que no acepta la inmigración clandestina o ilegal, sencillamente porque es un fraude a los inmigrantes, a los trabajadores y a las reglas de la convivencia", dijo el presidente ante la IV Asamblea de Embajadores. En medios diplomáticos se considera que esta reacción del Gobierno era poco menos que inevitable cuando, en medio de una crisis, hay ofertas por Internet, no se sabe si simplemente provocativas, que presentan el viaje en cayuco casi como una aventura de turismo de riesgo con final feliz garantizado en un país tolerante llamado España. Las amenazas de expulsión son, sin embargo, difíciles de cumplir, hoy como en los tiempos del PP, cuando se superó ampliamente el millón de sin papeles.

El Ministerio de Exteriores ha reconocido que los esfuerzos porque se apliquen los acuerdos de repatriación a cambio de ayuda económica urdidos en pocos meses con Senegal y otros de los Estados más implicados en el tráfico clandestino de personas están siendo infructuosos, en buena medida. Dado que la ayuda española, pese a su fuerte crecimiento, se concreta en cifras siempre modestas, la esperanza del Ejecutivo se orienta hacia la política europea, que se apoya en medios más relevantes.

En ese sentido, el Gobierno español recuerda en Bruselas que la Convención de Lomé, que regula la cooperación entre la UE y los países de, entre otros continentes, África, obliga a los signatarios a readmitir a sus ciudadanos que estén ilegalmente en territorio europeo. No parece, sin embargo, fácil que se aplique esta medida. La aspiración española es, más bien, por ello, que la propia Unión llegue a acuerdos de repatriación con los países africanos, como los que ha hecho España, en los que la cooperación económica y las readmisiones queden asociadas.

De ahí la insistencia de los portavoces del Gobierno en la necesidad que Europa asuma todas sus responsabilidades en política migratoria. Zapatero reiteró a los embajadores que "la UE tiene que extraer todas las consecuencias, para que la inmigración forme parte de su política prioritaria".

Fuentes gubernamentales informaron, de que la política de inmigración será también el tema prioritario de la cumbre que España y Alemania celebrarán el próximo día 12. Con ese motivo, el semanario alemán Die Zeit publica hoy una entrevista con el presidente, en la que Zapatero explica que la posición española sobre el tema "no es liberal ni conservadora".

"Como jefe de Gobierno", dice, "no puedo permitir en ningún caso que en nuestro país haya personas que, por el hecho de haber llegado ilegalmente, tengan que trabajar en el mercado negro y, por ello, sean estafados y explotados". A la pregunta de "¿Qué quiere y qué puede hacer?", Zapatero responde: "Enviamos a parte de ellos de vuelta a sus países de origen. No les gusta en absoluto que lo mencionemos". E insiste: "No obstante, será decisivo que el flujo migratorio se dirija desde Europa".

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, propondrá por escrito a los Veinticinco la inclusión del tema migratorio en la agenda de la cumbre que se celebrará el día 20 en Finlandia, algo que ya habían reclamado Zapatero, Chirac y Prodi.

En la reunión entre el comisario europeo y la vicepresidenta, a la que también acudió el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se acordó además de la reinserción de los repatriados a sus países de origen, un plan de empleo juvenil y la concesión de microcréditos para que estos jóvenes puedan desarrollar una profesión tras acabar esos estudios. Michel informó a De la Vega de que promoverá una reunión gubernamental con los países de origen para analizar los nuevos proyectos, y le expuso su intención de realizar una gira por los países para informar de los planes de la UE. Por otra parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, consideró ayer en Valencia "un reto político" la firma de un pacto de Estado en esta materia.