El Gobierno catalán otorga la explotación de un tramo de la línea 9 a Metro de Barcelona

El Consell Executiu tomó ayer dos decisiones encadenadas. La primera, decidir que la línea 9 del metro, entre Badalona y Santa Coloma y la estación barcelonesa de Sagrera es un transporte ferroviario de interés general. La segunda, que siendo así, su explotación la haga la empresa pública que ya explota el resto de líneas del metro de Barcelona. La decisión fue criticada de inmediato por CiU, partidaria de convocar un concurso y adjudicarla a la mejor oferta. La coalición nacionalista cree que "un gobierno en precario y en minoría" no debería haber tomado una decisión de este calado.

La decisión de adjudicar a Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) la explotación de un tramo de la línea 9 en construcción predetermina la concesión del resto. Porque será muy difícil justificar que la explotación la haga una empresa en unas estaciones y otra u otras en el resto, de modo que en el futuro toda la línea, que llegará hasta el aeropuerto, será explotada por Metro de Barcelona. Los argumentos aducidos por el Gobierno catalán son de índole práctica: una única empresa explotando todas las líneas garantiza mejor la coordinación y la seguridad. Es el mismo argumento que llevaba a los socialistas, cuando estaban en la oposición, a propugnar la fusión entre Metro y Ferrocarrils de la Generalitat, proyecto olvidado una vez que llegaron al Gobierno.

La decisión del Gobierno catalán va, con todo, más allá ya que reconoce a la Entidad Metropolitana de Barcelona (entidad de carácter municipalista) la competencia en la prestación del servicio.

La empresa que explotará la línea deberá pagar un canon por su uso a la entidad que tendrá la titularidad de las instalaciones, Institut Ferroviari de Catalunya (Ifercat). La recaudación servirá para pagar parte de las inversiones de la línea 9 que no se han hecho por el método de la financiación conjunta entre el Gobierno central y el autonómico, como se hace con el resto de líneas.

Competitividad

La decisión de financiar la obra de otro modo fue tomada durante el Gobierno de CiU. Entonces, se hubiera podido exigir al Ejecutivo central que aportara un tercio de la inversión, pero la falta de liquidez hizo que los últimos gobiernos de Jordi Pujol recurrieran a métodos de endeudamiento que no quedaran reflejados como déficit. Si se hubiera incluido la línea entre las deudas presupuestarias el déficit del Gobierno catalán se habría disparado más allá de toda legalidad, de ahí que se buscara otro tipo de deuda que no contabilizara. El tripartito modificó el método de endeudamiento y lo redujo, pero no ha incluido la obra en el Convenio de Infraestructuras, por lo que será sufragada íntegramente desde Cataluña, sin el tercio que hubiera aportado el Gobierno central.

El diputado de Infraestructuras de CiU, Josep Rull, criticó ayer la medida tomada por, dijo, "un Gobierno en precario y en minoría". Rull calificó la decisión de adjudicar sólo una parte de la línea como "exótica", ya que en el fondo es como haberla adjudicado por completo. Rull defendió además el concurso como una garantía de competitividad.

El portavoz de ICV en el Parlament, Joan Boada, en cambio, defendió la medida, que es, aseguró, una garantía de seguridad y porque la privatización que se habría podido producir con un concurso "no aumenta la calidad del servicio como se vio en Londres".