La Xunta cierra los pozos que se nutren del caudal contaminado

Ochenta mil personas siguen la evolución de la mancha tóxica del Umia pendientes de la potabilidad del agua que consumen. Aunque el vertido no ha alcanzado aún la zona más poblada, la Xunta ha ordenado el cierre de las tomas de los pozos de captación del Umia que abastecen a los ayuntamientos de la mancomunidad de O Salnés, y un anuncio en la prensa local recuerda a los vecinos de la zona que restrinjan el uso del agua y la economicen al máximo, para evitar cortes en el suministro. De momento, ningún alcalde ha tenido que decretar esa medida, pero se espera que en las próximas horas en algunos municipios se restrinja el servicio a determinadas horas del día.

Las autoridades medioambientales de Galicia dicen que serán necesarios miles de camiones cisterna para reponer paulatinamente el agua que se vaya consumiendo de los depósitos. La Xunta, que realiza controles periódicos al agua para el consumo, garantizó ayer su calidad, aunque el temor se extiende entre los vecinos de Vilagarcía, O Grove, Meis, Ribadumia, Meaño, Illa de Arousa, Cambados, Vilanova y Portas. La localidad de Sanxenxo, todavía muy poblada de turistas, ha desconectado el abastecimiento del Umia para recibir agua únicamente del río Lérez, y suministra a través de cisternas al vecino municipio de O Grove.

El consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, mantuvo a lo largo del día de ayer varias reuniones con los alcaldes de la zona, que serán los encargados, en coordinación con sus respectivas concesionarias de abastecimiento, de decretar las eventuales restricciones en el servicio. Vázquez coordina desde Caldas de Reis un dispositivo del que forman parte el secretario general de la consejería y los directores de Aguas, Desarrollo Sostenible y Calidad Ambiental.

Medidas severas

Los grupos ecologistas, mientras, exigen medidas de protección más severas para plantas químicas como la siniestrada en Caldas de Reis. El responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace, Julio Barea, aseguró a Efe que el vertido podría haberse evitado, y advirtió de que es "aparentemente bastante tóxico". Barea, que subrayó la mortandad de peces en la zona de la mancha química, lamentó que las factorías no estén obligadas a adoptar medidas de protección especiales, como cunetas perimetrales con depósitos de seguridad.

La Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) también incidió en la necesidad de incrementar las medidas de seguridad y de replantear el emplazamiento de empresas como la de Brentagg. ADEGA cuestionó "la ligereza con que se acepta cualquier ubicación para estas instalaciones de alto riesgo".

En el plano político, el grupo parlamentario del BNG anunció la presentación de iniciativas para "garantizar la salubridad del agua, la conservación del medio natural y el suministro de los vecinos".