Compensaciones aéreas
El Consejo de Ministros aprobó ayer una generosa medida compensatoria para los miles de ciudadanos que resultaron perjudicados por el conflicto de los trabajadores de tierra de Iberia el pasado 28 de julio en el aeropuerto de El Prat. Que el ciudadano sea compensado con prontitud es de justicia. Que deba hacerlo el Gobierno a expensas de litigar luego con Iberia, eso ya es harina de otro costal, aunque resulte comprensible, útil y relativamente satisfactorio para el usuario. Todo indica que el Ejecutivo ha reaccionado ante la evidencia de que los mecanismos de reclamación habituales no funcionan con fluidez. Así evita el bochorno de las dilaciones previsibles. Los ciudadanos que prefieran esa indemnización al litigio tendrán la oportunidad de acogerse a ella, y quienes consideren que los perjuicios no quedan suficientemente compensados deberán litigar por su cuenta y riesgo.
La medida llega la misma semana en que ha comparecido en el Parlamento catalán el delegado del Gobierno, Joan Rangel, para explicar las razones que llevaron a las fuerzas de seguridad a no intervenir frente a un colectivo de trabajadores que ocuparon las pistas del aeropuerto barcelonés y boicotearon los movimientos de los aviones con actuaciones que rozaron el vandalismo, como plantar vehículos en las pistas o romper el material para inmovilizarlo. La explicación no ha despejado la incógnita de si el remedio -la intervención policial, probablemente violenta- hubiera sido un mal superior a la enfermedad (la ocupación de las pistas).
Mientras, persiste el silencio de Iberia. La compañía caldeó el ambiente laboral al comunicar sus planes laborales de sopetón y en días especialmente sensibles para el tráfico aéreo como las vísperas de vacaciones. Luego, su información a los usuarios en el mismo momento del conflicto fue menos que escasa. Y todavía ahora se echa en falta una explicación de tales carencias. Sería conveniente que las próximas medidas que debe adoptar el Ejecutivo disuadieran a Iberia y cualquier otra empresa de jugar con los ciudadanos como si fueran marionetas. Si la crisis no sirve para poner fin a los abusos de las grandes compañías y los causantes (empresa y trabajadores) quedan sin castigo, se hará realidad lo sugerido por algunos diputados en el Parlamento catalán: se habrá abierto la veda para que en el futuro cualquiera repita parecidas mascaradas. No se trata de reclamar desquites, sino de prevenir que otras decenas de millares de ciudadanos puedan ser moneda de cambio en conflictos que les son ajenos.
