Las continuas crisis del tripartito ocultan los objetivos sociales que se había marcado

Los numerosos incidentes políticos que han agitado la vida del primer Gobierno catalán de izquierdas desde la Segunda República han ocultado una gestión económica orientada a ampliar las políticas sociales. A una semana de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de elecciones autonómicas, el Ejecutivo formado por socialistas, republicanos y ecologistas mantiene que ha cumplido la mayoría de sus promesas electorales. El Gobierno de Maragall sostiene que ha invertido 600 millones en barrios en situación precaria, ha logrado un pacto con todos los sectores educativos y otro por la competitividad.

El Gobierno de Pasqual Maragall echó a andar tras un fogoso debate político y empresarial en torno a la pérdida de peso relativo de la economía catalana en el conjunto de España -que se ha quedado en el 18,8% tras retroceder algo más de medio punto-, el traslado de centros de decisión de Barcelona a Madrid, el acelerón de las deslocalizaciones de fábricas y el eterno problema de las deficientes infraestructuras. La tradicional locomotora económica e industrial de España despertaba a una nueva realidad: su liderazgo iba a ser compartido, si no a verse amenazado, pero a menudo se limitaba a echarle las culpas "a Madrid" porque el Gobierno central nunca ha invertido en Cataluña cuantías anuales por encima de las que representa el peso de su Producto Interior Bruto (PIB) en el conjunto de España.

Al llegar al poder, la izquierda no cejó en sus acusaciones al Gobierno central. Y el nuevo Estatuto catalán recoge que Cataluña debe percibir durante siete años una porción de las inversiones del Estado equiparable al peso de su economía. Pero el nuevo Gobierno autónomo olvidó pronto que Cataluña perdía gas.

- Crisis del Carmel. En el apartado de infraestructuras, el tripartitito ha tenido que reformar buena parte de los proyectos heredados. Entre ellos, la línea 9 del metro. El principal problema con el que se topó fue el hundimiento del túnel del barrio del Carmel. La reacción fue primero tímida, aunque luego se corrigió el tiro y se atendió a los vecinos a su satisfacción. Una de las consecuencias de la crisis fue la alusión de Maragall "al 3%" en el Parlamento autónomo, en referencia a las supuestas comisiones de contratistas cobradas por CiU.

- Crecimiento económico. En lo que va de año, la economía ha pegado un tirón que permite al Ejecutivo catalán acabar con el crónico desequilibrio que arrastraba con la media de crecimiento española. El ritmo en el primer trimestre fue del 3,6%, la cifra más alta de los últimos 22. Los últimos datos de crecimiento español, correspondientes al segundo trimestre, arrojan un 3,7%. Aunque según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el peso de la economía catalana es del 18,8%, con la metodología del instituto homólogo catalán, Idescat, el peso habría aumentado hasta un 20,02%. La inflación sigue siendo el farolillo rojo (persiste dos décimas por encima que la española). Se ha anunciado un plan antiinflación con medidas criticadas, como crear un segundo mercado mayorista en Barcelona.

- Saneamiento de las cuentas. Lo primero que hizo el tripartito fue revisar las cuentas de la Generalitat a diciembre de 2003. Y no sólo no había superávit, sino un déficit de 1.264 millones de euros y una serie de gastos contraídos pero no contabilizados de 2.903 millones. Sanear las cuentas se convirtió en prioridad, y Cataluña se comprometió a alcanzar el déficit cero en 2008. Aunque en 2005 el déficit cayó ya a 209 millones, se ha aprovechado el techo permitido por el plan de saneamiento acordado con el Gobierno central y se ha aprovechado para ir absorbiendo parte de los mencionados gastos desplazados, hasta 650 millones. La deuda ha aumentado de 17.377 a 19.833, pero se mantiene estable su peso sobre el PIB catalán.

- Acuerdo de competitividad. La Generalitat, las patronales y los sindicatos lo firmaron tras muchos sudores. Quedó más en un marco de actuación y compendio de prioridades que en un plan por ejecutar. De 86 medidas (el Gobierno catalán dice que ha cumplido ya 43), unas son concretas, como facilitar el acceso a una serie de polígonos industriales, y otras son más generales, como la necesidad de mejorar la formación o el empleo de calidad. Algunas crisis laborales y cierres han sido sonados, como las de Samsung, Panasonic, Philips, Levi's o Seat. La Generalitat ha creado una agencia de inversiones, que ha propiciado 1.509 empleos nuevos (en 2005, por deslocalizaciones se perdieron 1.281), ha forzado a devolver ayudas públicas en caso de deslocalización y se han duplicado de largo los recursos para I+D+i (cien millones de euros en lo que va de gobierno).

- Ley de barrios. La ley de barrios fue la primera que aprobó el tripartito. El proyecto era realizar una inversión de 600 millones de euros para rehabilitar barrios deprimidos en unas 40 poblaciones catalanas. Pese al recorte de la legislatura, en este caso se puede dar por cumplida la misión: las ayudas han llegado a 46 barrios y la cifra total de inversión prevista ha sido asignada. La mitad es aportación del Ejecutivo. La política de rehabilitación de barrios busca actuar sobre centros históricos degradados y sobre polígonos residenciales, construidos algunos de ellos durante los años del desarrollismo con escasa ambición arquitectónica y escasez de servicios, además de carecer de conexiones de transporte.

- Rehabilitación. La ley de barrios enlaza con la política de rehabilitación de viviendas. El tripartito se topó en los despachos con miles de peticiones de ayudas para la rehabilitación amontonadas y sin resolver, hasta el punto que en los primeros meses se dedicó sólo a ordenarlas y conceder las ayudas pertinentes. Las acumuladas de años anteriores sumaban 51.125. Las concedidas después afectan a edificios que suman 111.716 viviendas. Especial atención se ha prestado a las ayudas para la instalación de ascensores, asumiendo incluso proyectos constructivos cuando ha sido necesario, y a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

- Vivienda. El compromiso del tripartito era promover 42.000 viviendas en tres años. A 31 de agosto, eran 34.483 las iniciadas, incluyendo todas las fases del proyecto constructivo, desde la licitación a la construcción pasando en algunos casos por la cesión de terrenos a cooperativas o promotores de protección oficial. La mitad, aproximadamente, serán de alquiler.

El alquiler era una de las lagunas de la política de vivienda pública en Cataluña. El tripartito se ha centrado en dos bolsas de población: los mayores y los más jóvenes. Además, ha establecido una política de ayudas para familias con escasos recursos. En 2005 se beneficiaron de ellas 2.153 familias, la inmensa mayoría repitió en 2006, y se concedieron 7.046 ayudas más, lo que hace que en la actualidad haya 9.199 viviendas de alquiler que reciben ayuda del Gobierno catalán. La dotación del primer año fue de 3,28 millones de euros. La de éste, 14 millones.

- Protección del paisaje. El Medio Ambiente ha pugnado por convertirse en una consideración normal en cualquier decisión urbanística. En estos años se ha aprobado un plan para proteger los 500 metros más próximos a la costa que no estuviera urbanizados o programados, además de elaborarse una ley de protección del paisaje.

- Natura 2000. El tripartito se encontró con una espada de Damocles: un expediente abierto por los tribunales europeos por el incumplimiento de la normativa europea relativa a la protección de los espacios afectados por la red Natura 2000. Lo ha desactivado esta misma semana. Queda integrado en la red el 30,2% del territorio, con una extensión de 969.381 hectáreas terrestres y 83.920 hectáreas marinas.

- Recursos hídricos. En materia de política del agua, el tripartito ha batallado para absorber con nuevos proyectos las inversiones previstas en el derogado Plan Hidrológico Nacional, además de tener que combatir en un año de sequía. La Agencia Catalana del Agua se encontró con una deuda considerable y proyectos apalabrados sin presupuesto disponible. La decisión fue la de no aumentar la deuda e ir cumpliendo los compromisos, vinculándolos a obras que garantizasen el suministro en caso de nueva sequía.

- Pacto por la Educación. El Gobierno catalán igualará a partir de este curso la oferta de horas en los cursos de primaria de los centros públicos y concertados, después de alcanzar un pacto con 20 entidades del sector, cuya aplicación implica una inversión de 1.200 millones euros hasta el curso 2008-2009. Durante este curso, además, se incorporarán 5.276 docentes, que se añaden a los más de 4.000 de los dos anteriores. El acuerdo también pretende romper el desequilibrio por el que los alumnos de familias con bajos recursos no se escolarizan en centros concertados. Éstos suman el 43% de las plazas de Cataluña, pero sólo acogen al 17% de los hijos de inmigrantes, según datos del Departamento de Educación. La Generalitat tratará de solventarlo con fondos adicionales para estos centros.

- Listas de espera. El Departamento de Salud ha logrado reducir en un 20% el tiempo de espera para operaciones. El plazo medio de demora descendió de los 5,6 meses de 2003 a los 4,52 meses de 2005. La huelga de médicos de la pasada primavera frenó esta reducción, que durante el primer semestre de este año fue apenas del 1,14%. Las movilizaciones paralizaron la sanidad catalana durante siete días. Tampoco contribuyó a la mejora de la atención sanitaria el revés del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que suspendió el decreto de Salud que imponía la jornada completa a los cartilleros, los médicos que trabajan dos horas y media y cobran en función del número de afiliados a la Seguridad Social (cartillas) asignados. La Generalitat también ha conseguido mejorar la financiación de la sanidad pública con los 634 millones de euros que aporta el Gobierno central, de acuerdo al pacto alcanzado en la Conferencia de Presidentes de septiembre de 2005. Otro acuerdo con el Ejecutivo de Zapatero permitirá el traspaso sin cargas económicas del hospital Clínico de Barcelona, el único que no había sido traspasado tras 25 años de competencias sanitarias. Otras medidas han sido el programa de diagnóstico rápido de cáncer u otro para dispensar canabis para su uso terapéutico.

- Ley de Prestaciones Sociales. El Departamento de Bienestar y Familia impulsó la ley aprobada por el Parlamento catalán que fija una ayuda de 382,5 euros a todos los ciudadanos que ingresen menos de 509,8 euros mensuales, que es la cantidad del indicador de renta de suficiencia pactado con los sindicatos. El propósito del Gobierno era ir aplicando la medida de forma gradual para que entre 2010 y 2012 las más de 200.000 personas que consideran que las necesitan pudieran beneficiarse de las ayudas. La Generalitat también incrementó las ayudas a unas 100.000 personas que cobran las pensiones de viudedad más bajas. El importe máximo de estos complementos subió de los 300 euros de 2003 a los 432 euros de 2005.

- Despliegue de los 'mossos'. El despliegue de 2.614 agentes de los Mossos d'Esquadra en Barcelona el pasado 1 de noviembre en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía ha sido el hecho más relevante de la gestión de Interior, aunque el pacto político para hacerlo posible lo logró CiU. Sin embargo, la sustitución de un cuerpo por otro se realizó sin que estuvieran acabadas la mayoría de las comisarías en los barrios de la ciudad, cuya construcción aún está pendiente. También están por resolver problemas de coordinación en el reparto de competencias entre ambas policías. A finales de año, la policía autonómica ya dará servicio al 78,9% de la población catalana.

- Plan penitenciario. La gestión del Gobierno de Maragall ha supuesto la aprobación de un plan penitenciario sin precedentes en los más de 20 años que hacía que la Generalitat tenía traspasadas las competencias. El proyecto prevé la construcción de 11 nuevas cárceles en Cataluña para crear 6.500 nuevas plazas e invertir 740 millones de euros, con unas ayudas a los municipios afectados que han desactivado su oposición al proyecto. En cuanto a edificios judiciales en toda Cataluña, el tripartito ha empezado a ejecutar un plan que prevé invertir 265 millones de euros hasta 2010 para construir 27 nuevas sedes. La construcción más polémica fue la Ciudad Judicial, en la entrada de Barcelona, un proyecto elaborado por el Gobierno de CiU que el tripartito modificó y que diseminará por la ciudad los juzgados que antes estaban concentrados, con una inversión de 255 millones.

- Comercio. La ley de equipamientos comerciales permite de nuevo abrir grandes superficies, pero sólo en la trama urbana de las ciudades, en las capitales de comarca o en las poblaciones con más de 25.000 habitantes. La ley de horarios comerciales establece que los comercios puedan abrir como máximo 72 horas, en lugar de 90, un máximo de 12 horas al día y sólo ocho festivos al año, en lugar de 12, para proteger al pequeño comercio. Para evitar choques con el Gobierno central se permitió que las tiendas de alimentación de menos de 150 metros cuadrados no tuvieran limitación horaria ni en festivo.

Información elaborada por Francesc Arroyo, Lluís Pellicer, Pere Ríos y Ariadna Trillas.