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Villepin regresa al curso político con menos paro y mayor crecimiento económico

El primer ministro francés quiere reducir cargas sociales a trabajadores con salario mínimo

Tras tocar fondo la pasada primavera, el Gobierno del primer ministro Dominique de Villepin recupera la iniciativa en el arranque de este curso político a caballo de un sustancial descenso del desempleo y un repunte del crecimiento económico, con una previsión de crecimiento del producto interior bruto por encima del 2%, y un descenso del paro por debajo del 9%. Villepin se fijó ayer el reto de reducir el desempleo por debajo del 8%, y prometió suprimir las cotizaciones de los trabajadores que cobran el salario mínimo en las empresas de menos de veinte trabajadores.

Para realizar la 14ª conferencia de prensa desde que llegó al palacio de Matignon (sede del Gobierno), y escenificar la cohesión de su Ejecutivo, Villepin y todos los miembros de su Gabinete -incluido su rival político, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy- se subieron juntos a un autobús y se trasladaron a la ciudad de Troyes, a 180 kilómetros al sur de París. El optimismo y la euforia del primer ministro eran evidentes. No era para menos. La bajada del paro en julio hasta un 8,9% -hace un año estaba en el 10,2%- lo deja en el mismo nivel que había conseguido el Gobierno socialista de Lionel Jospin en marzo de 2002, antes de las últimas elecciones presidenciales.

Pero si el Gobierno recupera el pulso, si la popularidad del primer ministro -reducida a cenizas la pasada primavera- remonta, Villepin puede volver a sentirse con fuerzas para enfrentarse con Sarkozy por la candidatura a la presidencia. El ministro del Interior, ayer, fue el único en abandonar la sala en Troyes antes de que finalizara el acto, para acudir a un acto del Medef, la patronal francesa.

En 2006, dijo Villepin que el PIB crecerá "por encima del 2%", pero el excedente fiscal se destinará íntegramente a reducir la enorme deuda pública del Estado francés. Sobre el desempleo, añadió, la "próxima frontera" es dejarlo en "menos de dos millones", es decir, por debajo del 8% de la población activa. El primer ministro no dijo si alcanzaría este objetivo antes de las elecciones de abril y mayo de 2007, pero insistió en que su Gobierno mantendrá el rumbo y trabajará "hasta el último día", y que la prioridad es la política de empleo. Escaldado por la ola de protestas que levantó la pasada primavera su fracasado intento de imponer un contrato precario para jóvenes, el primer ministro anunció "un verdadero diálogo" con los agentes sociales. "Cada día es útil", insistió.

Bolsas de empleos baratos

Sin embargo, la medida estrella anunciada ayer por Villepin, la supresión de todas las cargas sociales de las empresas de menos de veinte trabajadores en los contratos de salario mínimo (1.200 euros brutos al mes), levantó inmediatamente un alud de críticas.

Para los sindicatos, con esta medida el Gobierno crea bolsas de empleos baratos, en tanto que las empresas que reduzcan sus gastos sociales aplicándola, difícilmente aumentarán los ingresos de sus trabajadores por encima del salario mínimo, ni tampoco incrementarán su plantilla más allá de los 20 empleados.

Esta medida también despertó las quejas de sectores como el de la construcción, que considera que con esta herramienta difícilmente se podrá convencer a los jóvenes cualificados para que se profesionalicen en este sector.

El ministro de Empleo y Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, uno de los políticos conservadores más el alza en este momento, explicó el resto de la tercera fase del plan del Gobierno contra el desempleo. Los parados de más de 50 años que tras dejar de percibir la prestación por desempleo lleven más de 24 meses cobrando la subvención de solidaridad, podrán beneficiarse de una nueva prima de cohesión social de entre 584 y 756 euros netos mensuales para que puedan ser empleados por organizaciones de ayuda social o interés general. Para los jóvenes con escasa formación, se crea un dispositivo de formación previo a una contratación, de tres meses y financiado por el Estado. Los menores de 26 años cobrarán 340 euros mensuales, y los mayores, 650 euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de septiembre de 2006