Bolivia amenaza a Repsol con una denuncia internacional por saqueo

El Gobierno boliviano recogió ayer el guante lanzado por Repsol-YPF el pasado fin de semana, cuando la compañía hispano-argentina amenazó con llevar a Bolivia ante los tribunales internacionales, y amenazó ayer a su vez a la petrolera con denunciarla "por saqueo" ante los mismos tribunales. El viceministro de Hidrocarburos boliviano, Julio Gómez, calificó además de "bravuconadas" las advertencias de Repsol.

Siguiendo una estrategia definida en medios diplomáticos acreditados en La Paz como "el baile de un paso adelante y dos atrás", el Gobierno boliviano volvió a lanzar duras acusaciones contra Repsol apenas horas después de la destitución, entre acusaciones de corrupción y malversación, de Jorge Alvarado, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la compañía estatal encargada de centralizar el proceso de nacionalización de hidrocarburos decretada el pasado 1 de mayo. Gómez elevó el tiro de las acusaciones y subrayó que las multinacionales habían actuado impunemente en el país en complicidad con "Gobiernos carroñeros".

El Ejecutivo boliviano no quiere que la destitución de Alvarado, hombre de confianza de Morales y a quien el presidente ha defendido hasta el último momento calificándolo como "incorruptible", sea interpretado como un signo de debilidad o una concesión en las negociaciones con las empresas afectadas por la nacionalización. Por ello, el lunes el Gobierno anunció la imposición a las petroleras extranjeras de un nuevo impuesto. Según lo previsto, Repsol, la brasileña Petrobras y la francesa Total tienen de plazo hasta el viernes para pagar una cantidad que ronda los 30 millones de dólares, que irán a parar, según anunció el Ministerio de Hidrocarburos, a las arcas de YPFB. Se trata del primer pago, al que seguirán otros cuatro, con el 2 de octubre como límite.

El impuesto rige sobre las compañías que trabajan en los campos de San Alberto y Sábalo, fuente principal del suministro de gas a Brasil y Argentina, donde Petrobras tiene una participación del 35%, Repsol el 25% y Total el 15%. El 25% es de YPFB. Con este impuesto adicional, el Estado boliviano recibirá el 82% de los beneficios que genere la explotación de gas en la zona (reivindicación de Morales desde que estaba en la oposición).

Uno de los puntos clave en el éxito de la nacionalización decretada por Morales es que Bolivia garantice a sus vecinos que los suministros de gas seguirán llegando en los términos previstos. Y aquí el frente también se complica para el mandatario boliviano, quien ayer envió al Ejército a levantar un bloqueo de indígenas en la frontera con Argentina que forzó la suspensión temporal de los envíos de gas a Argentina. Este hecho, en pleno invierno austral, provocó una fuerte preocupación en Buenos Aires.

El ministro del Interior, Juan Ramón Quintana, subrayó que los conflictos que vive Bolivia forman parte del proceso de transición -desde el pasado 6 de agosto, una Asamblea Constituyente elabora una nueva Carta Magna- y que las entregas de gas a Brasil y Argentina están garantizadas.