De nuevo, Repsol

Justo cuando hoy mismo deben iniciarse las negociaciones del Gobierno boliviano con Repsol YPF sobre el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, la justicia del país reaparece con el allanamiento, el pasado viernes, de las oficinas de Andina, la filial de la petrolera española; la confiscación de documentos sobre una supuesta estafa en un contrato ya cancelado para la venta de gas a la brasileña Petrobras en 2002 y la detención de un directivo, que fue puesto ayer en libertad bajo arresto domiciliario. Este gesto de la fiscalía de la ciudad de Santa Cruz no hace más que contribuir a que renazca la tensión entre el presidente Evo Morales y la compañía española, como refleja el comunicado que ésta emitió ayer en Madrid, en el que, en un tono inusual, considera arbitraria la actuación judicial y advierte de que ejercitará acciones legales si persiste la "injustificada persecución" de que se siente objeto.

Morales ha confesado repetidamente sentirse muy confiado de que las negociaciones de su Gobierno con las firmas extranjeras afectadas por el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, anunciado por él mismo el pasado mayo, llegarán a buen puerto (en noviembre expira el plazo de 180 días para la entrada en vigor del decreto). El líder boliviano así se lo dijo a María Teresa Fernández de la Vega durante la visita que la vicepresidenta española hizo a La Paz a principios de este mes.

Nadie objeta que Bolivia tenga derecho a tomar las decisiones económicas que considere oportunas sobre sus recursos energéticos, siempre que respete contratos y satisfaga indemnizaciones dictadas eventualmente por los tribunales. Hay que creer que la última actuación judicial, que sigue a la que el pasado marzo condujo a la detención del presidente de la filial y del gerente, es ajena a las intenciones del Gobierno boliviano. Sin embargo, no facilita a crear un clima de entendimiento ni de diálogo con la petrolera española.

Morales sabe que su país necesita la inversión extranjera para llevar a cabo el proceso de modernización que prometió. Sin embargo, las empresas extranjeras, para las que la seguridad jurídica es algo irrenunciable, ven con preocupación la actitud del Gobierno boliviano. Se impone más diálogo y menos proclamas en los mítines.