Repsol YPF denuncia una "injustificada y reiterada persecución" en Bolivia

Repsol YPF ha decidido pasar de la diplomacia a los hechos en Bolivia tras el nuevo registro de sus oficinas y el arresto de un directivo decretado por la fiscalía. La petrolera anunció ayer que ejercerá acciones legales ante la justicia del país y ante los organismos internacionales si continúa la "injustificada y reiterada persecución judicial". Repsol YPF defendió la legalidad del contrato de venta de gas a la brasileña Petrobras que ha desatado las actuaciones. Un juez puso en libertad bajo arresto domiciliario al síndico (auditor) de Repsol detenido el viernes, al entender que no participó en la firma del contrato.

Ya no hay terreno para las medias tintas en la larga crisis que enfrenta a Repsol YPF con las autoridades bolivianas desde que Evo Morales asumió el poder, en enero pasado. El nuevo allanamiento de las oficinas centrales de su filial Andina, decretado por la fiscalía el pasado viernes, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Repsol YPF anunció ayer que "si continúa la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia contra la compañía", ejercitará acciones legales "ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados".

En un comunicado de inusitada dureza, fechado en Madrid, la empresa española denuncia que lo sucedido "constituye una medida impropia de un Estado de derecho y del respeto al orden jurídico constitucional". Para justificar esta valoración, Repsol YPF defiende la legalidad del contrato de venta de gas con Petrobras que ha desatado las actuaciones. Según la fiscalía, ese contrato fue firmado a espaldas de las autoridades, para burlar la fórmula de reajuste periódico del precio del gas que se estipulaba en un tratado firmado entre Bolivia y Brasil, causando un perjuicio económico a las arcas del país andino de hasta 150 millones de euros.

En contra de esta versión, Repsol YPF defiende tanto la legalidad como la transparencia del contrato, ya que fue puesto en conocimiento de todas las partes competentes (desde su origen en el año 2002): la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos(YPFB), el Ministerio de Hidrocarburos, la Bolsa Boliviana y Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, la petrolera añade que en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico alguno al Estado de Bolivia, ya que "en todo momento" ha cumplido con el pago de "todas las regalías e impuestos establecidos por ley de acuerdo al contrato firmado entre YPFB y Petrobras."

La empresa que preside Antonio Brufau manifiesta su voluntad de prestar toda su colaboración a las autoridades para el total esclarecimiento de los hechos, "en una actitud de permanente diálogo que tanto la compañía como las autoridades españolas han mantenido en todo momento".

Pero tras esta invitación al diálogo, la multinacional española deja entrever que si continúa este clima de inseguridad y acoso judicial, peligra su presencia en el país. "No obstante, en estos momentos, la compañía ve con creciente preocupación la falta de seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia. En estas condiciones, estima muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".

Paralelamente, prosiguen las actuaciones judiciales. El síndico de la filial de Repsol YPF en Bolivia, Saúl Carlos Encinas Miranda, de nacionalidad boliviana, fue ayer puesto en libertad después de pasar dos días en prisión acusado de participar en la firma del contrato con Petrobras.

El juez Jimmy López Rojas decretó su arresto domiciliario al entender que no habría participado en la firma de dicho acuerdo, puesto que el contrato se firmó el 30 de octubre de 2002 y Encinas comenzó su actividad en Andina en 2003. Encinas, que podrá por tanto acudir a su trabajo, tendrá en todo caso que personarse ante el juez semanalmente y designar dos garantes para evitar su fuga.

La decisión del juez contradice la versión del Ministerio Público, encabezado por el fiscal José Centenario, que había solicitado la prisión preventiva para el directivo.