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La crisis boliviana de la petrolera española

Morales apuesta por negociar con España y con la multinacional como "socios", pero no como "dueños"

"Queremos decir a España y a Repsol que el Gobierno de Bolivia apuesta por las negociaciones, por los nuevos contratos. Necesitamos inversión, pero no necesitamos ni patrones ni dueños. Lo hemos dicho antes y seguimos con esta posición". Con estas palabras se refirió ayer el presidente de Bolivia, Evo Morales, a la nueva crisis abierta con la empresa española.

En un discurso de más de dos horas que dirigió a los campesinos cocaleros de la ciudad de Cochabamba, indicó que apuesta por el diálogo con la empresa hispanoargentina pero defendió la independencia de la Fiscalía en sus investigaciones. "Como Gobierno respetamos las investigaciones que hacen los poderes del Estado, el ministerio Público y su tarea, pero el Gobierno jamás va romper relaciones con empresas. Habrá diálogo, concertación, nuevos contratos en el marco del decreto supremo de nacionalización", dijo Morales.

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El dirigente boliviano remarcó que nunca planteó expulsar ni expropiar los bienes de los grupos multinacionales "pero ellos no pueden ser patrones ni dueños; ellos tiene que ser socios". Morales indicó que algunos medios de comunicación están magnificando este asunto y reiteró su voluntad de negociar con el Gobierno español.

Unas palabras muy similares que las que dirigió el pasado agosto a la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, a la que aseguró que se llegaría a un acuerdo para garantizar la permanencia de Repsol YPF en el país. La visita sirvió a Bolivia para arrancar el compromiso de condonar la deuda de 135 millones de dólares (114 millones de euros) que mantiene con España.

El propio Morales reveló ayer que la vicepresidenta española intentó contactar con él y con otros ministros de su Ejecutivo, tras conocerse el allanamiento de las oficinas de la filial de Repsol YPF. Fernández de la Vega consiguió hablar con el ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca.

La crisis ya ha desatado las primeras reacciones políticas. Izquierda Unida recomendó al Gobierno y a Repsol YPF que respeten la "soberanía" del Gobierno boliviano y se adapten a su legislación, mientras que el PSOE pidió que se apueste por el diálogo para resolver esta nueva crisis.

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