Repsol-YPF recurrirá a la justicia boliviana si continúa la "injustificada persecución"

La compañía Repsol YPF ha anunciado hoy que, si continúa "la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia" contra Andina, la filial que la petrolera tiene en ese país, "ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos". En un comunicado, la petrolera hispano argentina denuncia el "injustificado registro" que la Fiscalía boliviana efectuó el viernes en las oficinas de Andina y dice que observa "con verdadera preocupación que algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia", quieran abrir procedimientos penales contra Repsol YPF.

Además, la petrolera expresa su "creciente preocupación por la falta de seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia". Para Repsol YPF, el registro de las oficinas de Andina es "una medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional", ya que el contrato supuestamente irregular y suscrito con la brasileña Petrobras "cumple todos los requisitos de la legislación boliviana" y "en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico alguno".

Sobre las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ayer subrayó su apuesta por "el diálogo" con la compañía para "tener un buen socio", Repsol YPF dice que confía en que se traducirán "en hechos concretos" que permitirán "la vuelta a un clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia".

El ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, dice que la condición para negociar nuevos contratos con y Petrobras es el respeto a la nacionalización del sector. En una entrevista que publica hoy el diario boliviano La Prensa, Soliz asegura que ambas petroleras, al ver que otras compañías demuestran una apertura a ese proceso, "van a seguir el mismo camino y van a entrar a un clima de negociación cordial", pero "en el marco del respeto al decreto de nacionalización".

Desde el Ejecutivo de Evo Morales, se mantiene la predisposición para mejorar las relaciones con España; de hecho, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, planea una visita a España en octubre, pero el viaje depende de que el Gobierno español concrete los acuerdos de cooperación firmados con el Ejecutivo boliviano. "Él tiene que hacer un viaje a Sudáfrica y antes quiere ir a España, pero depende mucho de que se concreten los acuerdos que se han suscrito aquí con la vicepresidenta española", según afirma hoy el protavoz presidencial, Alex Contreras.

Conflicto judicial

La empresa Andina y Petrobras están actualmente en medio de un conflicto judicial debido a que la Fiscalía de la ciudad de Santa Cruz investiga un presunto acuerdo irregular de ajuste de precios sobre el gas vendido a Brasil. La investigación derivó el viernes pasado en el allanamiento de la firma petrolera Andina, filial de Repsol YPF, y en la detención y de un síndico (auditor) de la empresa acusado de "estafa agravada", pero que fue liberado el sábado por un juez. Según el gobierno de La Paz, los perjuicios provocados a Bolivia por ese acuerdo, firmado en 2002 y cancelado a mediados de este mes, rondan los 160 millones de dólares, aunque Repsol YPF ha indicado que el convenio fue legal y no causó daños al Estado boliviano.

Un juez boliviano dejó ayer en libertad al sindico de Repsol YPF, Saúl Encinas Miranda, al que la fiscalía de la ciudad de Santa Cruz acusó de "estafa agravada" y quien estaba detenido desde el viernes pasado por una supuesta responsabilidad en la firma del citado contrato con Petrobras. No obstante, en el comunicado, Repsol YPF reitera su voluntad de prestar "toda su colaboración a las autoridades bolivianas para el total esclarecimiento de los hechos", una actitud "de permanente diálogo" que tanto la compañía, como las autoridades españolas, han mantenido en todo momento", afirma.