Repsol denuncia la "injustificada y reiterada persecución" en Bolivia

Repsol YPF decidió ayer plantar cara ante las crecientes exigencias de las autoridades bolivianas. La petrolera denunció en un duro comunicado la "injustificada y reiterada persecución judicial" que sufre en Bolivia y amenazó con acudir a tribunales nacionales e internacionales para defender sus derechos. La multinacional sostiene que las últimas actuaciones de la fiscalía, que ordenó el registro de oficinas de Repsol y la detención de un directivo, constituyen una "medida impropia de un Estado de derecho". El presidente boliviano, Evo Morales, apostó por el diálogo para resolver esta nueva crisis, pero añadió que quiere "socios", no "dueños".

Bolivia se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de Repsol YPF, que ha decidido pasar a la acción ante el nuevo episodio con la justicia boliviana vivido este fin de semana. La petrolera asegura que la actuación de la fiscalía boliviana "ha sido arbitraria y carece de todo fundamento".

La acusación boliviana, rechazada por la multinacional hispano-argentina, se basa en que la petrolera pactó con la brasileña Petrobras la venta de unas determinadas cantidades de gas a un precio que causó un perjuicio de 150 millones al erario público. Repsol YPF afirmó que el acuerdo, firmado en 2002, se formalizó con todos los requisitos legales y no ha supuesto ningún perjuicio económico para el Estado boliviano.

Evo Morales apostó por el diálogo y la negociación con el Gobierno español y con la empresa para resolver la crisis, pero advirtió que para el desarrollo del país necesitan "socios", y no "dueños ni patrones". Repsol respondió que es difícil dialogar en estas circunstancias "para buscar un marco estable que permita acometer" las necesarias inversiones en el país andino.

Paralelamente, un juez puso en libertad bajo arresto domiciliario a Saúl Encinas, el directivo de Repsol YPF detenido desde el pasado viernes en relación con el caso. El magistrado considera que el ejecutivo no participó en la firma del contrato con Petrobras.

La acción de la fiscalía, la segunda contra Repsol en este año,se produce en vísperas de la negociación prevista para hoy entre el Gobierno y las petroleras para revisar los contratos y adaptarlos al decreto de nacionalización de hidrocarburos.