Corregir mentiras
Durante cinco décadas, la industria del tabaco en EE UU ha estado "conspirando para ocultar los daños que causa" el producto, mintiendo y engañando al público, pues conocía sus efectos nocivos y manipuló el uso de la nicotina para incrementar el poder adictivo. Probablemente, es ésta una de las mayores conspiraciones civiles de la historia. Pero la juez Gladys Kessler, que finalmente ha emitido la sentencia, no ha podido imponer una multa proporcional al daño causado, pues un recurso anterior había dictaminado en sentido contrario, cuando la Administración intentó reclamar 280.000 millones de dólares a ocho fabricantes por el gasto público sanitario causado. La juez Kessler se ha limitado a prohibir toda publicidad sobre tipos light, suave o parecidos, y a obligar a la industria a una masiva campaña publicitaria sobre la realidad del daño que causa fumar.
Es un paso importante, que, sin embargo, queda lejos de los 246.000 millones de dólares que obligó a pagar a 46 Estados de la federación una sentencia ocho años atrás. La campaña permanente de publicidad supondrá un gran costo, pero aunque ha sufrido una derrota, la industria tabaquera no queda en bancarrota. Sin embargo, la juez tiene toda la razón al remitir la pelota al poder legislativo para que regule un sector clave para la salud de los ciudadanos, que está descontrolado.
En la Unión Europea está más regulado. Las cajetillas llevan una alerta sobre los peligros de fumar, pero no sobre la composición real de lo que está en los cigarrillos. De hecho, en su recurso contra las tabacaleras en España, la Junta de Andalucía también alega que en la fabricación se introduce amoniaco para aumentar el poder adictivo de la nicotina. Aunque los sistemas jurídicos y políticos son muy diferentes, el caso americano alentará el intento de la Junta de reclamar a las tabacaleras (y al Estado, porque el monopolio de fabricación y distribución del tabaco duró hasta 1998) 1,77 millones de euros, el coste de atención a 135 enfermos cuya dolencia considera directamente ligada al tabaquismo.
La propia Junta andaluza y otros Gobiernos regionales, además del central, se están viendo sometidos a presiones para ampliar el plazo del 1 de septiembre en que entra en vigor la obligación de los establecimientos de hostelería de más de 100 metros cuadrados de tener una sala cerrada para fumadores si quieren permitir fumar. La ley está ahí. Ha habido tiempo suficiente. No hay razón para prórrogas. Quien no quiera hacer las obras oportunas puede, simplemente, declarar su local zona libre de humo.
