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El uso del territorio

El Consell desempolva la oferta de pacto para el crecimiento urbanístico a unos meses de las elecciones

El PSPV pide la retirada de la Ley del Golf y la modificación de la LUV para tomarla en serio

Miquel Alberola

El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, exhumó ayer la fallida oferta que hace un año realizó el presidente del Consell, Francisco Camps, al PSPV para alcanzar un acuerdo respecto al polémico desarrollo urbanístico. Ayer, el consejero le buscó un nuevo envoltorio acorde con el perfil medioambiental con el que se invistió al asumir la cartera que ocupaba Rafael Blasco: "Un pacto por el medio ambiente en la Comunidad Valenciana para coordinar nuestro crecimiento desde el respeto a la naturaleza". Y la hizo extensiva al resto de la oposición y las asociaciones ecologistas.

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Esteban González Pons apeló ayer al consenso como "la mejor arma de protección" del medio ambiente, por lo que anunció que hoy solicitará su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes para proponer que se elabore un documento consensuado con las líneas de trabajo que se deben llevar a cabo. El consejero fundamentó su importancia en que "el medio ambiente tiene que ser política de Estado y, por tanto, de la Comunidad". En su propia definición, este pacto "quiere ser la expresión plural de una misma voluntad, un instrumento de consenso e integración que saque el medio ambiente del debate político". Así, quiso desgajar el medio ambiente del "monopolio" de determinados proyectos políticos y afirmó que "su defensa y protección ha dejado de ser el patio particular de una determinada ideología".

Como posible hoja de ruta para alcanzar este amplio acuerdo, el consejero explicó que, una vez consensuado un documento inicial, se entregará a las asociaciones ecologistas "más representativas" de la Comunidad Valenciana para que realicen sus aportaciones y se cierre un texto final con la participación de todos. González Pons insistió en la necesidad de este acuerdo para evitar que el medio ambiente sea "un arma arrojadiza entre los ciudadanos", y, además, porque la nueva legislación que ha puesto en marcha la Generalitat para proteger el paisaje "necesita complementarse con un documento de este tipo".

El consejero apuntó que el consenso es "el cemento más firme para sentar la base de un documento que será flexible, abierto, en constante actualización y atento a las nuevas demandas y retos que, con toda seguridad, planteará la protección del entorno natural". Asimismo, advirtió de que "las brechas que se abran por el disenso político en materia de medio ambiente pueden convertirse en un coladero que aprovechen los irresponsables". González Pons dudó si el documento resultante de este acuerdo sería un decálogo, un ideario o un estudio sobre la realidad en la Comunidad Valenciana: "Pero está claro que se debe realizar porque el territorio valenciano depende del mismo", auguró.

El PSPV, por boca de su secretario de Medio Ambiente, Francesc Signes, contestó ayer que "no puede ser cómplice de los desmanes y aberraciones urbanísticas que el PP ha hecho en once años". Signes calificó la oferta como "un puro intento de articular una operación de maquillaje para ocultar la gestión aberrante que ha hecho el Consell". Además, aseguró que los socialistas tienen una pésima experiencia en materia de pactos con el PP, y se refirió al acuerdo de residuos alcanzado entre Francisco Camps y el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, que tuvieron que romper porque era "papel mojado". "En este momento, las diferencias en materia medioambiental y urbanística entre los dos partidos son tan abismales que el pacto [que propone el Consell] es imposible", aseguró Signes. El secretario de Medio Ambiente socialista añadió que no se trata de una propuesta franca, sino de "un intento desesperado de maquillar sus despropósitos urbanísticos ante las elecciones".

Aun así, Signes explicó que para que el PSPV se pudiera tomar en serio esta propuesta, "el PP debería dar pasos muy claros de que hay voluntad de cambio". En ese sentido, enumeró una serie de condiciones básicas como la retirada de la Ley del Golf, la modificación de la LUV (Ley Urbanística Valenciana) de forma sustancial ("que no ha subsanado la mala aplicación de la antigua LRAU y ha sido cuestionada desde Europa"), la retirada del Plan de Acción Territorial del Litoral ("que está facilitando que el cemento ocupe todo el litoral y se instale Mundo Ilusión"), así como la aprobación del Plan de Acción Territorial de la Huerta ("antes de que se colmate de cemento como ha ocurrido con el litoral"). Signes afirmó que "las aberraciones que el PP ha consumado" en estos años, entre las que destacó "los cientos de miles de viviendas aprobadas en los PAI (proyectos de actuación integrada) sabiendo que no había agua", son la prueba de que el planteamiento de González Pons "no puede ser serio".

El talón de Aquiles de Camps

El pasado 23 de agosto, mientras se intensificaban las protestas vecinales por la avalancha de planes urbanísticos presentados antes de que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) sustituyese a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), Francisco Camps mostró su disposición a alcanzar un "gran acuerdo" en torno al desarrollo urbanístico. Antes ya lo había hecho el titular de la Consejería de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, con el claro objetivo de neutralizar las crecientes críticas que suscitaba la expansiva política urbanística del Consell, que además le convertía en pararrayos de todas las iras, y sus posibles efectos electorales. Entonces no fue posible alcanzar un acuerdo en materia de urbanismo y ordenación del territorio con el PSPV. El paquete legislativo referido al territorio, con la mayoría absoluta del PP, ya estaba prácticamente agotado. Sólo quedaba la LUV. Además, el posible pacto no debía cuestionar lo que ya había realizado el Consell. El proyecto de ley de la LUV, realizado por Blasco, llegó a recibir algo más de 800 enmiendas, 268 de ellas del propio PP, lo que fue interpretado como una desautorización en toda regla al consejero. El urbanismo al rojo vivo se había convertido en el punto más vulnerable del gobierno del PP y, además, había saltado las fronteras regionales y sus ecos rebotaban en la Comisión Europea y en diversos medios alemanes e ingleses. El pasado mes de mayo, en una crisis de gobierno provocada en exclusiva para alejar a Blasco de Territorio y personalizar en él la política urbanística del Consell, Camps situó a González Pons al frente de Territorio, quien inmediatamente puso el énfasis en su escorzo ecologista para suavizar la impresión depredadora que su departamento causaba. Los promotores pusieron el grito en cielo cuando proclamó la política de la sandía (verde por fuera), que en apariencia frenaba los planes pendientes de aprobación. Sin embargo, los promotores ya se han sumido en un cuajado silencio, mientras el Consell trata de sellar el ruido de la oposición con el cemento del consenso.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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