La Junta de Andalucía ultima su recurso contra las tabacaleras y el Gobierno

La Junta de Andalucía, que en 2002 demandó a las compañías tabacaleras para reclamarles 1,77 millones del gasto que conlleva la atención sanitaria a 135 enfermos por consumir cigarrillos, ultima el recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno. Eso es posible porque, cuando empezaron a fumar, Tabacalera era un monopolio estatal. Pero el Ministerio de Economía no ve "conexión" entre regular la venta del tabaco y el coste sanitario. El ministerio sostendrá que el monopolio tenía carácter fiscal y que los impuestos son un instrumento para "reducir el consumo".

La demanda que los abogados de la Junta actualizan para presentar el caso en septiembre ante la Audiencia Nacional es una vía obligada por los recursos de las empresas tabaqueras.

El zumbido de las bicicletas estáticas se confunde con alguna charla animada. "A mí me gusta mucho la vida", sentencia Francisco Morán, de 57 años. Podría ser el lema de este peculiar gimnasio, donde levantar unas pesas, como hace Agustín Martín, de 62 años, tiene otro significado. Ambos sufren una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) muy avanzada. Y sus historias clínicas son similares a las que sirvieron de base a la Junta de Andalucía para demandar a seis tabacaleras en 2002. Francisco Morán relata su tenacidad: ha sobrevivido a dos infartos, una operación a corazón abierto para un doble bypass y otras dos intervenciones en sus maltrechos pulmones. Agustín Martín habla, muy bajito, de su esperanza de que pronto le autoricen un trasplante de pulmón. Los dos empezaron a fumar a los 14 años, dos cajetillas diarias. Ahora comparten su dependencia de pequeñas máquinas de oxígeno.

En su demanda, la Junta mantiene que las tabacaleras han incorporado a los cigarrillos sustancias como el amoniaco para facilitar la adicción a la nicotina. Sobre el poder adictivo del tabaco, Francisco y Agustín no dudan. "Entre el primer y el segundo infarto, volví a fumar varias veces", explica Francisco. Hace sólo dos años y medio que Agustín dio su última calada, después de ir al hospital "ahogadito perdido". El gimnasio de rehabilitación respiratoria donde se ejercitan, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, lo dirige la médica Pilar Cejudo: "Sólo hay una iniciativa similar en España; en otros países la necesidad de la rehabilitación respiratoria no se discute". Lamenta la falta de recursos para atender el creciente número de enfermos respiratorios crónicos por tabaquismo.

La demanda de la Junta se sustenta en los historiales clínicos de 135 personas, cuyas enfermedades (cardiopatías, cáncer de pulmón y EPOC) relaciona con el consumo de tabaco. La pretensión de la demanda es que seis tabacaleras (Altadis, Philip Morris Spain, Brittish American Tobacco, Cita Tabacos de Canarias, Tobacco Canary Island y JT Internacional) compensen a la Administración autonómica por los gastos por la atención sanitaria que requerían estos pacientes. La meta no es tanto cobrar los 1,77 millones de la indemnización, sino sentar un precedente. Y aunque es una actuación inédita entre las administraciones europeas, no es un tiro al aire. En 1998, una sentencia forzó en Estados Unidos a la industria tabacalera a compensar con 250.000 millones de dólares los gastos sanitarios de 46 Estados.

La existencia del monopolio estatal de Tabacalera en la distribución y fabricación de tabaco hasta 1998 -los pacientes incluidos en la demanda ya fumaban antes de esta fecha-, permitió a las empresas cavar su primera trinchera judicial con éxito: las compañías argumentaron que los jueces debían evaluar también la responsabilidad del Gobierno. La sucesión de recursos empantanó el caso, pero, en enero pasado, la Audiencia de Madrid les dio la razón y dictaminó que la acción judicial de la Junta debía derivarse a la vía contencioso-administrativa e incluir al Gobierno para seguir viva.

"Queremos que los tribunales entren en el fondo de la cuestión", afirma María Jesús Montero, consejera de Salud. Así, la Junta reactivó la causa en julio con un escrito a la Audiencia Nacional donde avisa de la presentación del recurso contra el Gobierno y seis tabacaleras. El proceso obliga a una reclamación previa, a la que el Ministerio de Economía, del que dependía Tabacalera, contestó con silencio. Pero el ministerio confirma que ya prepara la defensa. Economía no cree que haya "conexión" entre regular la venta del tabaco y el coste sanitario. Y añadirá que el monopolio tenía carácter fiscal y que los impuestos son un instrumento para "reducir el consumo".

"Son las mismas razones que planteamos para intentar mantener la demanda en la vía civil", señala Montero, quien recalca que la Junta "nunca ha pretendido involucrar al Gobierno". La consejera andaluza asegura que esto no ha producido "ninguna controversia" con el Ejecutivo central (ambas administraciones, gobernadas por el PSOE). El Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado sobre la cuestión.

La Asociación Empresarial del Tabaco dice que no comenta iniciativas judiciales. Un portavoz recuerda que es un sector "extremadamente regulado" y que "cumple con la legalidad". Altadis, heredera de Tabacalera, sólo señala que aún "no tiene constancia" del recurso de la Junta.

Montero afirma que la Junta perseverará en su apuesta por hacer pagar a las empresas el coste sanitario que origina el tabaquismo. Aun a riesgo de que los jueces concluyan que el Gobierno también es responsable.