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La junta del hospital de Leganés condena la destitución de dos médicos

La junta de personal del hospital Severo Ochoa de Leganés se opuso ayer a la destitución de dos médicos del centro. El doctor Frutos de Nogal, jefe de sección de la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el jueves, y el doctor Hernández Lezana, jefe de Radiología hasta hace una semana, han perdido "injustamente" sus puestos, según Isabel Serrano, presidenta de la junta. José Luis Pérez Ráez, alcalde del municipio, se unió también a las críticas.

La junta relaciona las destituciones con la defensa pública de "la presunción de inocencia" que los dos facultativos han hecho de los médicos de urgencias acusados de supuestas sedaciones masivas. La Consejería de Sanidad, por su parte, prefirió no pronunciarse sobre las declaraciones de los trabajadores del centro y del alcalde de Leganés.

El caso de las sedaciones del hospital Severo Ochoa empezó con la denuncia que la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias presentó en la Fiscalía de Madrid. En la misma se indicaba que en el centro se habían producido unos 400 fallecimientos por sedaciones indebidas o contraindicadas. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asumió la denuncia y la llevó a la fiscalía. Al ver que la fiscalía había decidido investigar 12 casos, interpuso una denuncia en el juzgado.

La junta recordó ayer que Frutos de Nogal había trabajado en el centro desde 1987. Según Isabel Serrano, la consejería ha acosado laboralmente a De Nogal desde que fue destituido en 2005 "por manifestar su discrepancia con Lamela en su política de respaldar una denuncia anónima".

En palabras de la presidenta de la junta, la consejería impidió en reiteradas ocasiones que el médico asistiera a conferencias, impartiera clases en cursos médicos y acudiera a plenarios. La responsable de la junta teme que otros médicos, como el jefe del servicio de Anestesia, pierdan su puesto.

El pasado 21 de junio el juez que instruye el caso decidió citar como imputados a los médicos que aplicaron sedaciones a 15 pacientes terminales. Los imputados declararán en septiembre.

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