Anuladas las escuchas del caso de las falsas bajas médicas de Cádiz
El Juzgado número 1 de Cádiz ha anulado las escuchas telefónicas que implicaban presuntamente a los principales acusados en el caso de la trama de bajas médicas falsas de Cádiz, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique Carlos Carretero y el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, informó ayer Diario de Cádiz. La trama, en la que se ha visto implicada María José Campanario, la esposa del torero Jesulín de Ubrique, gestionó una quincena de bajas y pensiones de incapacidad supuestamente falsas.
Felipe Meléndez, el abogado de Casto Pérez, informó de que el juzgado ha estimado su recurso contra las escuchas grabadas entre el 23 y el 26 del pasado mes de enero, que originaron la implicación de Casto Pérez y Carretero. El juez señala que el seguimiento de las conversaciones adolece de vicios de constitucionalidad y advierte de que el resto de escuchas podrían verse también cuestionadas por el tribunal que juzgue el caso.
Tras anular el seguimiento telefónico, el magistrado modifica el auto de prisión sin fianza dictado contra ambos implicados y establece unas fianzas de 100.000 euros para Carretero y de 50.000 para Casto. Ambos podrían salir hoy de la prisión, según anunció el abogado.
Meléndez anunció ayer su satisfacción por la decisión judicial, ya que, según afirmó, el juez ha aceptado "de forma manifiesta" el recurso que defendía la falta de motivación de la intervención telefónica, que era "el elemento que justificó la imputación" de Casto. El abogado aseguró que esta decisión evidencia que "las irregularidades seguidas en el proceso son manifiestas" y que la salida en libertad de su defendido es "fundamental" porque tendrá la posibilidad de "aportar cuantos elementos considere necesarios para sus intereses".
17 beneficiados
La Operación Karlos nombre de las actuaciones policiales que destaparon la trama, detectó informes médicos supuestamente falsos para justificar pensiones de incapacidad laboral permanente. María José Campanario fue detenida y puesta en libertad posteriormente tras el pago de una fianza. Además, hay otros 16 beneficiados de los presuntos informes médicos falsos. Entre ellos se encuentra el empresario de Ubrique José Luis López.
El levantamiento del secreto de sumario, el pasado mes de mayo, permitió conocer que cada uno de los demandantes pagaba cifras entre 9.000 y 24.000 euros a cambio de obtener las bajas médicas. En caso de que no dispusieran del dinero, los supuestos cabecillas de red facilitaban pólizas de créditos que ellos mismos gestionaban en las entidades bancarias.
Durante la operación fueron detenidas 28 personas. Entre los que finalmente quedaron imputados por el juez instructor hay cuatro médicos que, supuestamente, firmaban informes sanitarios que avalaban daños físicos inexistentes.
