Bruselas recibe la carta española de aclaraciones sobre la OPA de E.ON

La Comisión Europea recibió ayer la carta con las explicaciones exigidas al Gobierno español por las limitaciones impuestas al grupo alemán E.ON para comprar la eléctrica española Endesa. La respuesta, elaborada por los departamentos de Exteriores e Industria con el apoyo de la Abogacía del Estado, se centra en la "seguridad pública" para defender las condiciones aprobadas por la Comisión de la Energía al grupo alemán.

Bruselas considera que las 19 condiciones que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) impuso para la fusión, y con las que el Gobierno español alega que pretende garantizar el suministro energético en situaciones de crisis, podrían vulnerar la legislación europea. Por eso, pidió la semana pasada clarificaciones a España. Las limitaciones obligan a E.ON, entre otras cosas, a desprenderse de un 32% de la potencia instalada de Endesa en España si se hace con su control.

El Ejecutivo europeo se negó ayer, sin embargo, a adelantar o valorar el documento remitido por Madrid. "Primero tenemos que analizar el contenido del documento. Hemos estado esperando esta respuesta y empezaremos a trabajar en ella inmediatamente. Examinaremos con detalle la respuesta de las autoridades españolas", explicó ayer la portavoz comunitaria Antonia Mochan.

El pasado 3 de agosto, la Comisión Europea envió una carta a España en la que le concedía un plazo de cinco días laborables, a partir de la recepción de la carta, para explicar las condiciones que la CNE impuso a la fusión energética. En la misiva, Bruselas estimaba además, en lo que constituye un análisis preliminar, que "algunas de las condiciones [impuestas por la CNE] son incompatibles con el artículo 21 del Reglamento CEE número 139/2004", el relativo a las concentraciones. El Ejecutivo comunitario defiende así una fusión que el pasado mes de abril consideró de su competencia y que declaró compatible con las reglas del mercado comunitario.

Es un capítulo más de una historia que comenzó el 21 de febrero de este año, cuando la alemana E.ON lanzó una OPA sobre Endesa en pugna con la española Gas Natural. Poco después, el Ejecutivo español anunció modificaciones en las funciones de la CNE con las que Madrid pretende garantizar la "seguridad pública", es decir, el abastecimiento en momentos de crisis energética. Ésta es una de las razones que la legislación europea admite a la hora de aplicar restricciones a las concentraciones.

Las modificaciones de los poderes de la CNE motivaron la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión. Bruselas consideró que los nuevos poderes de la CNE son lo suficientemente amplios como para convertirse en discrecionales y que podrían vulnerar la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.

Asimismo, las autoridades que velan por la libre competencia comunitaria dicen albergar "serias dudas" acerca de si las condiciones que la CNE impuso a E.ON tras su aprobación en julio pasado protegen la seguridad pública.