La ley de memoria costará 60 millones y beneficiará a más de 30.000 personas

La ley de memoria histórica -cuyo verdadero nombre es proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura- tendrá un coste de entre 51,3 y 60,8 millones y más de 31.000 beneficiarios directos, según estima el informe económico remitido por el Gobierno al Congreso. Más de 19 millones de euros anuales se destinarán a la mejora de pensiones y casi 17 millones se invertirán en el futuro Centro de la Memoria Histórica de Salamanca.

La memoria económica admite que no resulta fácil cuantificar el coste de algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley, ya que se desconoce el número de posibles beneficiarios. Es el caso, por ejemplo, de la reforma que reconoce derecho a pensión, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a familiares de fallecidos después del 1 de abril de 1941 como consecuencia de heridas, enfermedad o lesión accidental sufridas en la Guerra Civil. La eliminación del límite de dos años que exigía la ley vigente desde 1979 supondrá un aumento "reducido" de los beneficiarios, según el Gobierno.

Un caso diferente es la revalorización de las pensiones de orfandad congeladas desde 1980. El informe estima que la equiparación de estas pensiones (entre 43,27 y 56,86 euros mensuales) con las mínimas del sistema de clases pasivas (132,86 euros mensuales) supondrá un coste anual de 15,7 millones de euros y beneficiará a 14.739 personas.

Además, otros 728 pensionistas podrán beneficiarse a partir de ahora del sistema de complementos a pensión mínima, que ya se aplica a todas las demás pensiones, de forma que puedan alcanzar los 466,98 euros al mes si cumplen todos los requisitos de la normativa vigente. El coste de esta reforma, según estima el informe, será de 3,4 millones de euros al año.

En la misma línea de cubrir los huecos que ha ido dejando la legislación aprobada durante la Transición, el proyecto flexibiliza los requisitos para obtener una indemnización por tiempo de prisión durante la dictadura. En aplicación de la ley de 1990, se denegaron 42.000 solicitudes, de las que 6.000 lo fueron por no computarse como tiempo de cárcel el pasado en batallones disciplinarios y 300 por no haber cumplido los 65 años. El proyecto permite computar el tiempo en batallones disciplinarios dentro de los tres años de prisión exigidos como mínimo para tener derecho a indemnización, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó una demanda de amparo. Además, rebaja el requisito de edad a 60 años.

La memoria económica reconoce, no obstante, que la gran mayoría de los 6.000 solicitantes de indemnización a quienes no se tuvo en cuenta el tiempo en batallones disciplinarios ya habrá fallecido y tampoco es previsible que puedan acogerse a la reforma muchos de los 300 rechazados por haber nacido entre 1926 y 1930. En conjunto, el informe pronostica que puede haber 1.800 nuevos perceptores de una indemnización de 6.010 euros y que otros cien podrían beneficiarse de una mejora de 1.202 euros en su indemnización al poder sumar los años transcurridos en dichos batallones disciplinarios. El coste total de ambos conceptos, que se pagarán de una sola vez en el primer año de entrada en vigor de la ley, suma 10,9 millones.

También en el capítulo de las indemnizaciones, el proyecto de ley reconoce el derecho de los familiares de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante la Transición (1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977) a percibir un pago único de 135.000 euros. Ni el proyecto ni la memoria económica citan ningún caso concreto, pero esta última estima que la disposición podría beneficiar a unas 25 personas, por lo que su coste total ascendería a 3,3 millones de euros.

En relación con el tratamiento fiscal de las indemnizaciones concedidas por tiempos de prisión, cuya tributación es obligatoria desde 1999, el informe reconoce que sólo puede realizarse una estimación aproximada, pues ignora las ayudas concedidas por tres comunidades (Cataluña, Andalucía y Murcia) que suman el 75% de las solicitudes aprobadas. No obstante, estima "razonable una media de 4.500 euros". Partiendo de esta base y de considerar que el 50% de los 28.000 beneficiarios hubieran declarado este ingreso, con un tipo del 15%, el coste ascendería a 9,4 millones de euros.

El informe advierte, no obstante, que esta medida ya estaba incluida en el proyecto de ley sobre la renta de las personas físicas enviado al Congreso por lo que, en puridad, no se trata de un coste derivado del nuevo proyecto de ley.

Centro de Salamanca

Finalmente, la partida más abultada no tiene destinatarios concretos, sino que de la misma se beneficia el conjunto de la sociedad. Se trata la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que tendrá su sede en Salamanca y una de cuyas funciones será mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil española. Entre los años 2007 y 2009 se invertirán casi 17 millones de euros en la creación de este centro, de los que 13,5 se destinarán a la adquisición y rehabilitación de su sede.

En conjunto, según el informe, el coste del proyecto alcanzaría entre 51,3 y 60,8 millones de euros, de los que más de 19 tendrán carácter anual.