La 'ley de la memoria' beneficiará a unas 12 víctimas en el País Vasco

El proyecto de ley de la memoria histórica, aprobado el pasado viernes por el Gobierno central beneficiará a unas 12 víctimas en Euskadi, que podrán pedir indemnizaciones de 135.000 euros. Una disposición adicional reconoce a quienes murieron defendiendo la libertad entre 1968 y 1977, y por lo tanto a las víctimas del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. El PSE pide al Parlamento que impulse la restauración de la verdad sobre aquellos hechos.

Esta previsión del proyecto de ley, que iniciará su tramitación en el Congreso en septiembre, permitirá compensar a los familiares de los cinco obreros muertos en los sucesos de Vitoria y de un sexto trabajador que falleció días después en una manifestación en Basauri. Los socialistas vascos quieren completar este reconocimiento a través de una iniciativa tramitada en el Parlamento vasco con el fin de que la institución legislativa haga suyo el dictamen histórico sobre los acontecimientos del 3 de marzo de 1976 elaborado hace dos años por el Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV.

Los familiares de las víctimas del 3 de marzo y de otras muertes causadas por actuaciones policiales durante la transición no han podido acogerse a las ayudas dispuestas para las víctimas del terrorismo. El diputado del PSOE Ramón Jáuregui estimó que 12 de las 50 víctimas que pueden beneficiarse de esta previsión corresponden al País Vasco.

Respecto a la demanda de justicia y castigo a los culpables expresada por las familias, Jáuregui precisó que la amnistía de 1977 impide la revisión de los casos ocurridos con anterioridad. La Ley de Amnistía fue "una ley de perdón, que no permite jurídicamente investigar a los presuntos culpables de aquellos hechos para que sean juzgados", dijo.

Para paliar esa injusticia el parlamentario del PSE Antonio Rivera ha propuesto al Parlamento que contribuya a restaurar la verdad de lo sucedido en Vitoria, asumiendo como propio, el informe sobre los hechos que elaboró hace dos años un equipo de historiadores de la UPV. El PSE propone que dicho informe sea debatido y aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y después por el pleno de la Cámara.

Una vez aprobado, propone el PSE que el propio Parlamento lo remita a las bases documentales, tanto oficiales como académicas, existentes sobre este episodio para compensar con esta verdad histórica la "manipulada" verdad oficial. Antonio Rivera, explicó ayer que el objetivo de la propuesta es dar respuesta a la demanda de la Asociación de Víctimas del Tres de Marzo para restaurar la verdad sobre estos hechos.

Aunque es imposible sustituir las sentencias judiciales que exculparon a los agentes y responsabilizaron a los trabajadores de la brutal intervención de la policía, el informe de la universidad será, además de un resarcimiento moral a las víctimas, un instrumento para que los historiadores puedan completar ese capítulo.

Jáuregui recordó ayer que, de momento, sólo están previstas indemnizaciones por las personas muertas, pero aventuró que es posible que en la tramitación del proyecto de ley se introduzca alguna enmienda que permita compensar económicamente a familiares de los que resultaron heridos.