Un lugar con pocos amigos

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, dependiente del Ministerio del Interior, tiene capacidad para 100 hombres y 25 mujeres. Instalado en el antiguo cuartel de Capuchinos, es el lugar donde ingresan "de forma preventiva y cautelar" quienes carecen de papeles en regla y aguardan su expulsión, según la Orden del 22 de febrero de 1999 que regula este tipo de instalaciones.

Los internos pueden estar un plazo máximo de 40 días en las dependencias del CIE. En el caso de Málaga, son custodiados por 25 funcionarios, en turnos de cinco agentes, según fuentes sindicales.

En la práctica, al CIE de Málaga le han salido varios detractores, que reclaman desde la mejora de las instalaciones hasta su clausura definitiva. "Lo mejor que le puede pasar al centro de Capuchinos es que lo cierren", indicó ayer por teléfono José Chamizo, Defensor del Pueblo andaluz. "Los internos son inmigrantes que esperan ser repatriados, pero se les trata como delincuentes, tiene un marcado carácter carcelario", añadió.

Chamizo visitó el Centro de Internamiento de Málaga por última vez "hace cuatro o cinco años". "Detectamos carencias médicas y en las instalaciones; algunas se han resuelto y otras persisten", añadió. No quiso pronunciarse sobre el caso de presuntos abusos sexuales "para que el tema judicial siga su curso".

En junio de 2005, la Audiencia Provincial de Málaga consideró como falta la agresión de un agente de policía a dos inmigrantes, una marroquí y una brasileña, que le denunciaron por "manosearlas". La Sección Primera desestimó que existiera delito porque el agresor "no obtuvo el resultado apetecido".

El caso de presuntos abusos sexuales que investiga ahora la jueza ha cogido "por sorpresa" a las ONG, según Elena Muñoz, de Málaga Acoge. Pero a las organizaciones tampoco les gusta el centro. La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes ha cursado "numerosas peticiones" para que permitan a una comisión de abogados, trabajadores sociales y médicos entrar y examinar el CIE.

Peticiones que han sido "sistemáticamente rechazadas" desde Subdelegación de Gobierno desde 2002, según la plataforma. Gabriel Ruiz, portavoz del colectivo, asegura que la lista de carencias "es larga". Habla de alimentos caducados que se sirven a los internos, de falta de intérpretes y de medicación que es suministrada por los agentes ante la ausencia de cualquier tipo de personal sanitario. Asegura que denunciaron hace un mes que se había suspendido el régimen de visitas "porque el centro está en obras".

El CIE es "inadecuado, deficiente, esperpéntico y muy peligroso", según el sindicato policial UFP. Tampoco les convence como destino laboral. "Es el peor destino que te puede tocar como policía", explica Francisco Puertas, portavoz del UFP. "Todos los agentes destinados allí están por obligación, la mayoría ha solicitado reiteradamente la baja. Otros no lo hacen por temor a represalias de los jefes", añade. También resalta los conflictos entre internos de diferentes nacionalidades "hasta el punto de tener que hacer tareas diarias, como comer o salir al patio, en turnos distintos y bajo vigilancia".