Marbella, suma y sigue

Era impensable que Julián Muñoz, el hombre del fallecido Jesús Gil en Marbella, su sucesor en la alcaldía, quedara al margen de la investigación judicial que intenta sacar a luz la trama de corrupción político-urbanística asentada en el Ayuntamiento de aquella ciudad. Su detención y puesta a disposición judicial acusado de cohecho y de malversación de fondos públicos era esperada, y lo que sorprende es su tardanza. Como también era previsible su ingreso en prisión preventiva tras declarar ante el juez, siguiendo así los pasos de un tercio de los implicados. El mismo camino han seguido un antiguo concejal del Partido Andalucista, el único de los miembros de la última corporación que permanecía libre de imputación, y dos de los tres altos directivos de la inmobiliaria Aifos, detenidos al tiempo que Muñoz.

Con estas detenciones, los implicados en las sucesivas fases de la llamada Operación Malaya, iniciada en abril pasado, son ya más de 60. Entre ellos, la mayoría de los concejales de la última corporación marbellí, una veintena de empresarios, de la construcción en su mayor parte, un puñado abogados y un buen número de testaferros y cómplices. Lo que diga Muñoz ante el juez y el fiscal Anticorrupción no sólo será relevante para decidir su suerte personal, sino para calibrar si el pozo putrefacto excavado durante años en Marbella ha tocado fondo o todavía hay que esperar más sorpresas.

Muñoz ha ejercido funciones en la corporación marbellí desde 1991 y debe ser, por tanto, un buen conocedor de los mecanismos que hicieron posible el descontrol urbanístico teledirigido desde el Consistorio. También será relevante lo dicho por los empresarios al juez para aclarar si las inmobiliarias fueron víctimas de políticos corruptos o pusieron algo o mucho de su parte para ampliar el negocio, pasando por encima de ordenanzas y leyes urbanísticas. La impresión es que el delito de cohecho, activo y pasivo, ha funcionado a tope en esos años en Marbella.

Este nuevo coletazo de la Operación Malaya muestra la determinación de la justicia de llegar hasta el fondo. Pero la batalla en los tribunales no será fácil, pues no es descartable que una parte del dinero de la corrupción sirva para articular una defensa jurídica de los imputados capaz de desequilibrar a su favor la igualdad de armas en el proceso y en detrimento del trabajo del Ministerio Fiscal. De ahí la necesidad de que la Fiscalía Anticorrupción disponga de medios suficientes para ejercer su función en igualdad de condiciones. La sociedad tiene derecho a una defensa al menos tan efectiva y de calidad como la que puedan pagarse los presuntos corruptos.