Informes interesados

El pasado día 10 de julio, bajo el título "La escuela pública vasca pierde casi una cuarta parte de sus alumnos en doce años", un diario publicó un artículo que incluía referencias a un informe del Departamento de Educación del Gobierno vasco. Dicho informe ya había sido filtrado hace un mes a otros medios ("Educación paga 6.500 euros por alumno en la red pública y la mitad en la concertada", llegó a publicar otro periódico) y difunde -de una manera muy poco crítica y sí muy interesada- una serie de datos que requieren algún tipo de explicación si no se quiere pecar de parcialidad.

Quienes leyeron dichos artículos no deben ser ajenos al contexto en el que se ha hecho público alguno de los datos del informe elaborado por la Inspección de Educación. Un contexto marcado por el hecho de que todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora de un acuerdo laboral para la enseñanza pública la abandonaron el pasado día 18 de mayo, como rechazo a la actitud del departamento. Los sindicatos exigían a Educación mejoras reales para el sistema público de enseñanza (plan de estabilidad del profesorado, modificación de ratios, reconocimiento de nuevas figuras en los centros, reducciones horarias...) y la Administración respondía que no había dinero para ello. La misma queja que hicieron los sindicatos la hacen, por ejemplo, las familias que están reivindicando una plaza pública en varias localidades de nuestra geografía. Esta postura de la Administración se está generalizando: nos quieren hacer creer que el Estado de bienestar del que hemos venido disfrutando es un privilegio que se tiene que acabar. Es algo que nos resulta muy familiar en los últimos tiempos porque se va repitiendo en ámbitos diferentes (Osakidetza, el último).

Si los centros privados tienen más de la mitad de la matriculación, ¿por qué sólo escolarizan a un 30% de la población inmigrante?

También se percatará el lector de que dicho informe ha sido filtrado de manera parcial. Solo se han dado a conocer algunos datos -fundamentalmente, que el coste de una plaza en la red pública es de 6.256 euros y en la concertada, de 2.975 euros-; esto es, aquellos que interesa que se conozcan. Cuando tengamos acceso al informe en su integridad, podremos hacer una valoración definitiva acerca de la metodología empleada, los conceptos incluidos u obviados en la valoración o las conclusiones mismas. Parece entreverse que el informe cuantifica dentro del gasto de la enseñanza pública toda la estructura general del sistema, con departamentos y servicios que son utilizados tanto por centros concertados como públicos.

Ciñéndonos a lo recogido en la última información publicada, llama la atención la ausencia de una serie de cuestiones que es imprescindible tomar en consideración para abordar este tema con la mínima seriedad debida.

-El informe dice que el gasto por alumno se ha incrementado un 302% en los últimos 12 años, obviando que el gasto educativo se va recortando de manera proporcional año tras año, o que, en relación a la riqueza que generamos, la CAPV ocupa el quinto puesto a nivel estatal. Si el presupuesto de Educación suponía el 27,6% del general en 2003, este año justamente alcanza el 27%. Y respecto al PIB, si en educación gastábamos el 3,6% en 2001, este año rondamos el 3,3%, cuando la media de los países de la UE es superior al 6% del PIB. ¿Más datos?

-Es inexacto decir que la enseñanza sea gratuita en los dos sistemas. Que se lo pregunten a las familias que en toda la red concertada siguen pagando cuotas, de manera más o menos encubierta, con la complicidad del propio departamento; o a quienes deben recurrir al comedor, al transporte..., o a quienes comprar los libros de texto todos los años.

-Cabe preguntarse cómo -al margen de las razones ya aportadas en la mencionada información (mayor porcentaje de alumnado inmigrante o con necesidades educativas especiales, oferta en zonas rurales o poco atractivas para la privada)- la "gestión directa" consigue tal optimización de recursos. La respuesta es evidente: tal y como sucede en el resto de subcontrataciones, las condiciones laborales de los profesionales suelen pagar el plato roto. Evidentemente, es más barato dar 22 horas lectivas (privada) que 17 (pública), tal y como sucede en la ESO. ¿Significa eso que los profesionales de la pública trabajan poco?

-Pero, por encima de todo, el mensaje que se intenta transmitir es demoledor: "de cada cuatro euros de presupuesto, tres se los lleva la red pública y uno la concertada, a pesar de que los centros privados atienden en sus aulas a 10.000 alumnos más". Tirando del hilo podemos llegar a la conclusión de que es más barato desmontar el sistema público de educación, ofreciendo ese servicio a la iniciativa privada, que es -por lo visto- más eficiente. O mejor aún: instauremos un sistema público subsidiario del privado, que únicamente atienda las necesidades de los sectores más desfavorecidos, aquéllos que no tienen posibilidades económicas para acceder a los centros concertados.

Quienes desde los postulados neoliberales defienden estas prácticas liberalizadoras cuentan con el apoyo inestimable de otros sectores que defienden una escuela ideologizada, una escuela que en vez de todos es sólo de algunos; una escuela que, en vez ejercer su función integradora, socialmente estructuradora compensadora de diferencias de origen o garantía de igualdad de oportunidades, fomente la diferenciación social, religiosa o lingüística.

¿De qué vale que el Gobierno vasco invierta mucho dinero en educación si no lo hace eficientemente desde un punto de vista social? ¿Está suficientemente justificado el dinero público que se destina a los centros privados? ¿Por qué, si los centros privados tienen más de la mitad de las matriculaciones, solo el 30% de la población escolar inmigrante o el 35% del alumnado con necesidades especiales acude a centros concertados?; ¿por qué sólo un tercio de los grupos de Diversificación Curricular están en la privada?; ¿cómo es que únicamente en el 23% de los centros concertados hay refuerzos educativos? ¿Hay algún centro concertado que concentre al 90% de alumnado con necesidades especiales? ¿Por qué en el 5% de los centros públicos se concentra el 90% del absentismo escolar?

Hoy en día, lejos de impulsar el sistema público como eje vertebrador del sistema, ni tan siquiera se respeta lo acordado: el 53% del alumnado de Primaria y el 60,4% del de ESO va a centros concertados, cuando en el Estado no se supera el 40% en ningún nivel y en la Unión Europea oscila entre el 10 y el 20%. Es decir: aumenta el nivel de financiación de la red privada sin aumentar ni su compromiso social ni su nivel de cumplimiento de la legalidad ¿Hacia donde caminamos?

Frente a un Departamento plegado a unos intereses particulares, ni EHIGE (Asociación de padres y madres de la escuela pública) ni el sindicato STEE-EILAS estamos solos en la defensa del sistema público de enseñanza: el 58% de las familias prefieren la enseñanza pública, y ese debe ser un dato definitivo.

Endika Rodríguez García es miembro del Secretariado Nacional permanente de STEE-EILAS.