Zapatero ofrece a la inmigración igualdad y respeto a la diferencia

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, precisó ayer que su política de integración se basa en la igualdad de derechos para todos y en la aceptación de las raíces culturales de los inmigrantes, dentro del respeto a las leyes españolas. Zapatero hizo estas afirmaciones al inaugurar una conferencia organizada por la Secretaría Iberoamericana para proponer un plan de acción a los 23 países del sistema regional.

La igualdad de "todos quienes residen legalmente en España", dijo el presidente, es "fundamental, porque el único modo de responder a este reto [de las migraciones] es reconocer su contribución al desarrollo y al progreso de España. [Los inmigrantes] forman parte de nuestra realidad, enriquecen nuestra realidad y deben hacerlo en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano".

Zapatero destacó que esa igualdad debe concretarse, sobre todo, en los servicios sociales y la educación. "Sin una educación para todos no construiremos una sociedad integrada", dijo. La ampliación de los servicios ha de garantizar que la incorporación de nuevos beneficiarios "no signifique merma alguna para quienes ya los recibían", añadió. Y recordó que el Gobierno cuenta para estas tareas con un fondo específico de acogida e integración social de inmigrantes, que ha aumentado de 7,7 millones a 182 millones de euros en esta legislatura.

La otra pata de la política de integración es "el respeto a la diferencia", porque "no hay posible integración ni convivencia sin la asunción de las raíces y la cultura propias". Y también porque "el mantenimiento de ese vínculo [con la cultura de origen] es asimismo fuente de riqueza para la sociedad en su conjunto".

"La lucha contra la inmigración irregular" es "el punto de partida" de toda la política del Gobierno en materia de inmigración. "Debe iniciarse en los países de origen", reiteró Zapatero, que explicó "el ambicioso proceso de normalización" realizado hace dos años como una operación para "derogar la hipocresía y el fraude que no puede permitirse la España abierta", así como para reconocer que los inmigrantes son, ante todo, seres humanos.

"El trabajo irregular es inadmisible en una sociedad democrática", dijo. Precisó que el proceso ha permitido reconocer "los derechos de casi 600.000 personas que estaban en situación de ilegalidad. Entre ellas, 123.000 eran ecuatorianos, casi 50.000 colombianas y 40.000 bolivianas".

Como resultado, "más de un millón de los 2.800.000 inmigrantes que residen en España son iberoamericanos, cerca de 400.000 ecuatorianos, más de 200.000 colombianos. Se acercan a los 100.000 el número de peruanos o de argentinos y son más de 50.000 los dominicanos". Todo esto "configura una España hoy más que nunca iberoamericana". "Nos sentimos orgullosos", añadió.

Fue, sin embargo, el presidente saliente de México, Vicente Fox, quien hizo el canto a las excelencias de las migraciones y pidió que "dejen de ser consideradas como un lastre y sean reconocidas como una oportunidad de desarrollo".

Hijo de inmigrantes, porque lo fueron su abuelo paterno y su madre, señaló, y líder de un país que es origen, destino y tránsito de migraciones, Fox destacó el "enorme valor económico, cultural y social" de estos movimientos de población y propuso "abrir fronteras al intercambio enriquecedor". "Dios no creó fronteras", afirmó, parafraseando a Mahatma Gandhi. La misma idea -"abrir caminos y no levantar murallas"- fue expuesta por el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien recordó que México impulsó el proyecto de la conferencia actual en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, como medio para elaborar un plan de acción que se someterá a la cumbre de Montevideo, el próximo octubre.

Altos cargos, funcionarios y expertos de los 23 países del sistema participan en este encuentro, avalado por la ONU y los principales organismos internacionales, que concluirá hoy.