El Gobierno libanés pretende imponer su autoridad sobre la milicia chií en el sur

Al ya de por sí laberíntico sistema político libanés sólo le faltaba el bloqueo impuesto por Israel y sus intentos de destruir a Hezbolá a misilazos para conformar un panorama diabólico. El partido-milicia chií, integrante del Gobierno de Beirut, goza de enorme poder. Pero la situación es crítica para el Ejecutivo de Fuad Siniora. El Gabinete declaró el jueves por la noche, en una clara petición de ayuda a la comunidad internacional, su "derecho y deber como Gobierno de ejercer su autoridad sobre el conjunto del territorio libanés". Es decir, que aboga por reemplazar a Hezbolá en su bastión sureño. Será muy complicado que los fundamentalistas acaten la propuesta, que conlleva el riesgo de un enfrentamiento civil.

Todo empezó en septiembre de 2004. Estados Unidos y Francia comenzaron una ofensiva diplomática contra el régimen de Damasco. Pretendían reemplazar al Ejecutivo de Bachar el Asad en la tutela que había ejercido sobre Líbano durante 30 años, desde que estallara en 1975 la fratricida guerra civil. La resolución 1559 del Consejo de Seguridad exigió la retirada de las tropas sirias del país de los cedros; el desarme de todas las milicias, en evidente referencia a Hezbolá, y la celebración de elecciones sin injerencias extranjeras, una clara alusión a la prórroga del mandato del presidente prosirio, Emile Lahud, que había sido aprobada por el Parlamento días antes de la resolución del organismo internacional.

Desagradó a las potencias occidentales que Lahud, y por ende los dirigentes sirios, trataran de continuar en el poder más allá de los seis años para los que fue elegido el mandatario cristiano. Todavía continúa en el palacio de Baabda.

Las elecciones celebradas en Líbano en mayo y junio de 2005, cuatro meses después del magnicidio del ex primer ministro Rafik Hariri, otorgaron el triunfo a los partidos opuestos al Gobierno de Damasco, que ayer lamentaron que Hezbolá pueda decidir en solitario asuntos que afectan a todo el país. Pero las tres décadas de dominio político y presencia militar ejercida por el régimen de los Asad no pueden borrarse de un plumazo. Tras los comicios, los partidos libaneses han comenzado una negociación que se eterniza. Y que refleja el enorme poder del que disfruta Hezbolá. En el sur del país son los amos absolutos. El Ejército regular está ausente. Y en el resto del Estado multiconfesional su prestigio no es en absoluto desdeñable.

Fue la guerrilla chií la que logró expulsar a los soldados de Israel tras 22 años de ocupación. Difícilmente alguien les tose, sin importar sus vínculos con Siria e Irán. Incluso el asesinado Hariri se refería a ellos en términos elogiosos. Los ataques israelíes pretenden minar el renombre de Hezbolá entre la población, haciendo responsable a la milicia de sus sufrimientos. Como sucede con Hamás en los territorios palestinos, es dudoso que lo consigan.

Israel, que lleva 40 años sin acatar la resolución de la ONU que reclama la retirada de los territorios ocupados palestinos, exigió ayer el cumplimiento de la resolución 1559, la liberación de los dos soldados capturados por Hezbolá y el cese de disparos de Katiushas para detener sus bombardeos masivos.

Pero en este macabro y eterno tira y afloja son importantes los actores en juego. Hezbolá justifica su lucha contra Israel en la consigna 10.452. Son los kilómetros cuadrados de superficie de Líbano. A esa extensión le faltan 20 kilómetros cuadrados: las granjas de Cheba. Aquí entra en escena, de nuevo, Damasco. La ONU ha establecido que las granjas, ocupadas por Israel, pertenecen a Siria. Damasco opta por la ambigüedad y obvia la reclamación del territorio. Ambos ganan: el partido chií justifica su resistencia a Israel y Siria mantiene a los fundamentalistas en el frente contra Israel.