Sin freno parlamentario

La decisión del presidente del Gobierno de no acudir al Congreso de los Diputados a fin de solicitar, tras el debate correspondiente o, al menos, tras el turno de explicación del voto por parte de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, la autorización para iniciar conversaciones con ETA, ha sido una mala noticia.

Es posible que, como se ha escrito en los editoriales de varios medios de comunicación, fuera la menos mala de las que se podían adoptar, pero no estoy nada seguro de ello. ¿Hay algo peor que no poder hablar en el Parlamento del asunto que más preocupa a los ciudadanos y de cuya solución depende, más que de ninguna otra cosa, la convivencia pacífica no solamente en el País Vasco, sino en toda España?

No creo, además, que con la cancelación del debate se le haga favor de ningún tipo al PP en general y a su presidente en particular. Mi impresión es que con la cancelación del debate se favorece una todavía mayor radicalización del PP y se dificulta todavía más el que puedan incorporarse en el futuro a algún consenso en este terreno. De momento se puede experimentar una sensación de alivio, en la medida en que nos evitamos una bronca en un momento en el que todos estamos muy cansados, porque el curso político ha sido sumamente bronco. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana.

Un debate solemne en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre un tema de esta naturaleza es un freno para todos los que tienen que intervenir, pues obliga a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, pero en especial a los portavoces de los partidos de gobierno (presidente del Gobierno y presidente del primer partido de la oposición) a ser extraordinariamente cuidadosos en el uso de la palabra. No es lo mismo que lo que uno dice aparezca en un periódico que quede reflejado en el Diario de Sesiones. El compromiso que se adquiere no tiene comparación. En consecuencia, la cancelación del debate supone quitarle al PP el mínimo freno que puede tener a la hora de definir su estrategia en este terreno. Es una invitación a todavía más desmesura.

La combinación de algo más de tres años sin atentados con resultado de muerte y de una declaración de alto el fuego permanente por parte de ETA ha sido interpretada de una manera muy claramente mayoritaria como señal de que podemos estar ante una posibilidad real de poner fin de manera definitiva a la violencia terrorista. En estas circunstancias es exigible que los partidos políticos alcancen un acuerdo para que el proceso pueda culminar con éxito y, en el caso de que tal acuerdo no se alcance, que cada uno de ellos explique, no en cualquier sitio, sino en el Parlamento, cuáles son las razones por las que no está dispuesto a llegar al acuerdo.

En los momentos decisivos es en los que resulta más exigible que cada palo tenga que aguantar su vela. Y de manera visible. El sí o el no al proceso de negociación con ETA tiene que ser un sí o un no parlamentario. Si no es posible el compromiso de todos los partidos, sí es exigible el compromiso de cada uno de ellos con los ciudadanos en relación con este asunto. Cada partido tiene que fijar su posición sobre el fin de la violencia ante los ciudadanos en general y ante sus votantes en particular, de tal manera que se les pueda exigir la responsabilidad correspondiente en las próximas consultas electorales. No con recortes de periódicos, sino con el texto del Diario de Sesiones.

No se me ocurre un freno más eficaz para evitar la radicalización en la definición de una estrategia que un debate parlamentario. Quien no se controla en un debate parlamentario mucho menos se va a controlar fuera del mismo. Me temo, en consecuencia, que la cancelación del debate y de la votación en el Pleno del Congreso de la autorización al Gobierno para iniciar las conversaciones con ETA va a acabar produciendo el efecto contrario al que se pretendía.