El Supremo, contra Bush

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, por cinco a tres, propinó ayer un varapalo al presidente Bush al fallar que las comisiones militares de excepción montadas por el Pentágono para dar una apariencia de juicio a presos de Guantánamo no responden ni al derecho internacional que protege a los prisioneros de guerra, ni al sistema estadounidense que proclama la separación de poderes y el derecho a un juicio justo. Aunque no se pronunció sobre la legalidad o no de ese penal, el Supremo había rechazado ya que la Administración tuviera derecho a apresar y detener a sospechosos de terrorismo y negarles de forma indefinida acceso a los tribunales o a los abogados. Todo esto sería suficiente para que la Administración cerrara ese faro de desvergüenza que es Guantánamo.

El caso juzgado por el Supremo se refería a la apelación de Salim Ahmed Hamdan, yemení, supuesto chófer de Bin Laden, capturado en Afganistán a finales de 2001. La Administración se verá ahora forzada a trasladar a los presos a sus países de origen o a darles un juicio, aunque sea marcial, con todas las garantías, y no un simulacro sin derecho a defensa ni a información.

Esta sentencia, junto a la anterior, lleva a la conclusión de que los presos en Guantánamo han de ser considerados como prisioneros de guerra, protegidos por las Convenciones de Ginebra, y no como "combatientes enemigos" en el limbo legal que pretende la Administración Bush con unos poderes que hizo votar al Parlamento una semana después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Éste es el mayor recorte de poderes presidenciales impuesto por el Tribunal Supremo desde la II Guerra Mundial, y demuestra que la democracia estadounidense no extiende cheques en blanco.