32.600 opositores ante un examen dudoso

Prisas y nervios en un instituto de Fuenlabrada el viernes pasado. Centenares de opositores se preparan para la primera prueba. A última hora, en el tablón de anuncios aparece una nota: ocho aspirantes han de cambiar de tribunal porque dos miembros del que les correspondía les han ayudado a preparar los exámenes. La normativa de la Comunidad obliga a "abstenerse de intervenir en el proceso de selección" a los que "hubiesen realizado tareas de preparación en los cinco años anteriores".

Ésta no es la única irregularidad registrada en unas pruebas por las que 32.600 personas optan a cubrir 1.737 plazas de docentes en Madrid. Natalia (nombre ficticio) es una de las más de 500 personas que el viernes se disputaban un puesto de profesor de Economía en el instituto Gaspar Melchor de Jovellanos de Fuenlabrada. "Esto es un caos; a mí me han cambiado de tribunal porque uno de sus miembros me había dado clases en la academia. En cambio, no han movido a una chica que tenía el mismo preparador", protestaba.

La Consejería de Educación reconoce haber detectado "numerosos" profesores de academias privadas entre las personas encargadas de decidir quién se convierte en funcionario del Estado. En todos los casos denunciados, afirman, han cambiado de tribunal al opositor o al preparador. El problema radica en que tanto el Real Decreto 334 de 2004 como la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en febrero de 2006 establecen taxativamente que estas personas "deberán abstenerse de intervenir en los órganos de selección". En todos los órganos de selección.

El responsable de Recursos Humanos de la consejería, Miguel Zurita, hace una interpretación distinta: "En las especialidades en las que haya más de un tribunal, basta con que ningún opositor coincida con su preparador para garantizar la limpieza del proceso". Según Zurita, el "ritmo" de las oposiciones obliga al departamento de Educación a ser menos estrictos a la hora de fijar las incompatibilidades: "Tenemos que constituir 312 tribunales con 5 titulares y 5 suplentes cada uno y terminar el proceso a finales de junio".

De "escándalo" tachan en los sindicatos la interpretación de la normativa que hace la consejería. "Debido a las dificultades que tiene para encontrar gente, la Comunidad de Madrid está creando una inseguridad jurídica tremenda; ha pervertido el espíritu del decreto", asegura Eduardo Sabina, de UGT. Según el abogado de la Federación de Enseñanza de este sindicato, Francisco Verdejo, en el momento en el que se pueda demostrar que alguien ha sido examinado por su preparador, las pruebas serán "totalmente impugnables". "Con este sistema, es fácil que aparezcan los fraudes; por ejemplo, alguien podría perjudicar a un opositor para beneficiar indirectamente a uno de sus alumnos", añade.

Algunos profesores han relatado cómo los presidentes del tribunal les pasan la lista de opositores y les piden que tachen los nombres de los que han preparado en los últimos tiempos. Los sindicatos denuncian que en este sistema la transparencia se queda a expensas de la buena voluntad de los funcionarios.

Pero la contaminación entre las academias y los miembros de los tribunales no es la única irregularidad denunciada ante la consejería o los sindicatos. Un grupo de candidatos a dar clases en la Escuela de Arte Dramático se ha quejado de que, en las pruebas de dirección escénica, algunos compañeros disponían de media hora para preparar un papel y otros, dos semanas.

El pasado lunes, el tribunal comunicó a los aspirantes los dos textos que tienen que interpretar durante las dos semanas que duren las pruebas. Unos candidatos tendrán más tiempo que otros para prepararlo.

Otras denuncias recibidas por Comisiones Obreras hacen referencia a las condiciones del examen (en una prueba de francés, los responsables no avisaron de que cada opositor disponía sólo de cuatro folios), o la escasa relación entre el examen práctico y lo establecido en la convocatoria