El chófer de Osama Bin Laden, contra George W. Bush

Un huérfano yemení que trabajó como chófer de Osama Bin Laden es quien ha puesto en duda la estrategia de la Administración Bush en su guerra contra el terrorismo. Después de que la demanda de Salim Hamdan llegara al Tribunal Supremo de EE UU, éste declaró ilegal el tribunal militar de excepción que le iba a juzgar.

Hamdan, uno de los 450 "combatientes enemigos" detenidos en Guantánamo, nació en Hadramut, en Yemen, "alrededor de 1970", y se encontró por primera vez con Bin Laden en la ciudad afgana de Kandahar en 1996, según recoge su acta de acusación.

Jonathan Mahler, que prepara un libro sobre su caso, dice que Hamdan era un modesto taxista antes de ser reclutado para la yihad en 1996. Fue a Tayikistán con 35 musulmanes para combatir al Gobierno apoyado por Rusia. Después de seis meses de viaje por las montañas, los militantes, expulsados a la frontera con Afganistán, pidieron ayuda a Bin Laden, quien vivía en este país tras haber sido expulsado de Sudán.

Hamdan empezó entonces a trabajar para el jefe de Al Qaeda, según Mahler. El acta de acusación precisa que "en varias ocasiones, Hamdan llevó a Osama Bin Laden a varios campos de entrenamiento de Al Qaeda, a ruedas de prensa y encuentros". Según el documento, Hamdan recibió una formación para manejar fusiles, armas blancas y metralletas y entregó "armas, municiones u otros materiales a miembros de Al Qaeda y sus asociados".

En noviembre de 2001, Hamdan fue capturado por señores de la guerra afganos y entregado a las tropas de EE UU por 5.000 dólares (3.987 euros). Estuvo detenido seis meses en campos de prisioneros estadounidenses en Bagram y Kandahar, según el relato de Mahler. En 2002, le trasladaron a la base de Guantánamo, donde fue inculpado por un tribunal militar de excepción. Hamdan debía ser el primer detenido en comparecer ante uno de esos tribunales. Pero el 8 de noviembre de 2004, un tribunal federal suspendió el proceso, argumentando que debía ser juzgado por un tribunal militar ordinario. El Supremo lo ha confirmado.