Las comunidades que se oponen

El patronato del Archivo de la Corona de Aragón se espera que se constituya desde que los respectivos estatutos de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares entraron en funcionamiento en la década de 1980. El nuevo Estatuto de Cataluña reclama los fondos catalanes dentro del ACA y propone para el resto un patronato con todas las comunidades de la Corona de Aragón más el Estado.

Sobre esta disposición planean tres recursos de inconstitucionalidad de las comunidades afectadas que no quieren que los fondos se dividan. Aragón, una de las comunidades más combativas, quiere que se mantenga la unidad del archivo y que su gestión sea paritaria entre las cuatro comunidades. Pero no plantea el traslado de documentos, sino que se cree el patronato. "La decisión de recurrir el Estatuto en este punto habla del hartazgo de Aragón, que es consciente de que desde los tiempos de Jordi Pujol al frente de la Generalitat se ha frenado la creación del patronato", indica el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias.

Al Constitucional

En el Gobierno balear las espadas también están en alto y se prepara un recurso ante el Constitucional. El presidente de Baleares, Jaume Matas, califica de "prepotente y egoísta" el Estatuto catalán, y el consejero de Cultura, Francisco Fiol, considera que las atribuciones que se otorga la Generalitat "son ilegales" y que derivarían en una "apropiación indebida" con documentos que "son comunes al pasado de las instituciones medievales". También la comunidad balear se ha manifestado a favor de mantener "la integridad de gestión del archivo". Y también se pide la constitución rápida del patronato del ACA, en el que Baleares deberá estar "en igualdad con el resto de comunidades".

El Gobierno valenciano va más allá y en su ley autonómica de archivos incluía los fondos valencianos que se encontraban en el ACA. Aunque se encontrarán depositados en Barcelona, el propósito de la ley era que quedara patente que los documentos históricos forman parte del sistema archivístico valenciano. El Gobierno central recurrió la ley autonómica por considerar que invadía sus competencias, y un acto judicial suspendió el articulado relativo a los documentos del ACA. Ahora, el Gobierno valenciano, presidido por el PP al igual que el balear, está a la espera de la resolución del litigio para sacar adelante su ley de archivos. Además, reclama que se convoque el patronato.