Cheney ve "esencial" el acceso a los datos bancarios para luchar contra el terrorismo

El Programa de Rastreo de la Financiación del Terrorismo -el acceso a transacciones bancarias internacionales para buscar movimientos de dinero de las redes de Al Qaeda y grupos similares- es un arma "legal y absolutamente esencial" en la lucha contra el terrorismo. De esta forma intervino el vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, en la polémica abierta tras las revelaciones el viernes en tres periódicos norteamericanos sobre la existencia de este programa, cuyos detalles permanecían en secreto. La Casa Blanca criticó con dureza la decisión de los medios de publicar la noticia.

El programa, gestionado por la CIA y dirigido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se basa en el acceso a los millones de transacciones financieras que se intercambian en la Sociedad de las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, en sus siglas en inglés), un consorcio que coordina el tráfico informativo de los bancos de más de 200 países. Tras los atentados del 11-S contra Nueva York y Washington y al comprobar, entre otras cosas, que nueve de los pilotos suicidas habían recibido fondos a través de un banco estadounidense, se abrió la vía de la huella del dinero. Así nació, hace cuatro años y medio, el Programa de Rastreo.

La Casa Blanca se lo contó a algunos congresistas, y hace un mes amplió la información reservada a los Comités de Inteligencia de las dos Cámaras. Además de SWIFT, estaban al corriente del programa los bancos centrales del Grupo de los 10 y el Banco Central Europeo.

El Tesoro basa la legalidad de este programa en una sentencia de 1976 del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho a la intimidad y las transacciones financieras sospechosas, en la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional de 1977 y en la Ley del Derecho a Intimidad Financiera de 1978. Con todo ello en la mano -y, por si fuera necesario, con la Ley Patriótica de 2001-, se pide a SWIFT, una vez al mes y mediante citación, el acceso a los movimientos, para contrastarlos con rastros de dinero de personas relacionadas con grupos o redes de asistencia sospechosos.

El vicepresidente Cheney aseguró en Chicago que se trata de "un programa legal consistente con la autoridad constitucional del presidente y absolutamente esencial para protegernos contra nuevos atentados".

En la polémica abierta por lo publicado en The New York Times, y también en Los Angeles Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, los demócratas protestaron, pero sin demasiado énfasis, porque parece extendida la idea de que el programa funciona.

¿Abuso de poder?

Barney Franks, del Comité Financiero de la Cámara, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno actúe "sin las adecuadas garantías para proteger la intimidad". En términos más duros se expresó Ed Markey, alarmado porque "podrían estar violándose de nuevo los derechos constitucionales". Y para grupos como la Unión de Libertades Civiles no hay ninguna duda: "Se trata de un nuevo ejemplo de abuso de poder por parte del Gobierno Bush", según Anthony Romero, director de la Unión.

Aunque la mayoría de los republicanos arroparon a la Casa Blanca -"seguir el rastro de la financiación del terrorismo es casi lo más importante", apuntó el presidente del Comité de Banca del Senado, Richard Shelby-, otros, como Arlen Specter, que preside Asuntos Jurídicos, también del Senado, no quedaron tranquilos sobre la autoridad legal en la que descansa el programa, y pidieron explicaciones suplementarias.

Cheney aprovechó para atacar -haciéndose eco de un sentimiento relativamente popular- a ciertos medios: "Lo que es más inquietante es que haya medios que se sientan obligados a descubrir programas vitales para la seguridad nacional, haciendo más difícil la tarea de evitar atentados". La prensa afín le acompañó. El derecho a no saber, editorializó The Washington Times: "The New York Times no entiende que a veces los americanos tienen derecho a no conocer un programa gubernamental, porque la Administración debe garantizar el éxito de su funcionamiento contra Al Qaeda y otros comprometidos a destruir este país".

Comprensión en la prensa

Para The Washington Post, el programa "parece legal", es "exactamente el tipo de táctica agresiva que el Gobierno tendría que adoptar contra el terrorismo", aunque considera que el Congreso debe estar bien informado. Por lo demás, "hay pocas razones para pensar que plantea un gran problema de libertades civiles". A The New York Times no le parece mal "seguir la pista del dinero", pero también hay que "seguir las reglas", y lamenta que no haya "autorización explícita" del Congreso, como en el control de las comunicaciones. "Nadie quiere que pare [el seguimiento de las transacciones y la intervención de las comunicaciones] pero son cosas que deben ser hechas con reglas claras y coherentes, bajo la supervisión del Congreso y de los tribunales".