Argentina abre el primer juicio tras la derogación de la Ley de Punto Final

Por primera vez desde que en junio de 2005 la Corte Constitucional argentina declarara nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un acusado de asesinatos y desapariciones se sentó ayer en el banquillo para responder ante un tribunal por violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la dictadura militar (1976-1983).

Ante un tribunal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, compareció Miguel Etchecolatz, quien fuera jefe de investigaciones de la policía bonaerense y que está acusado de seis asesinatos y 11 desapariciones. Etchecolatz se encontraba hasta ayer bajo arresto domiciliario y ya había sido condenado en el pasado a 23 años de prisión por otras violaciones a los derechos humanos, exactamente por la tortura de 91 personas.

El juicio, en el que está previsto que declaren más de 130 testigos, entre ellos varios torturados, incluirá visitas a centros de detención y viviendas donde habitaban los desaparecidos. La denuncia contra Etchecolatz se había efectuado en 1999, pero el proceso estaba paralizado por las leyes ahora derogadas. Entre los testigos citados a declarar figuran los ex presidentes Raúl Alfonsín y María Estela Martínez de Perón.

Con aspecto serio y en una sala abarrotada de público, el ex policía, de 76 años de edad, escuchó la lectura de cargos que el fiscal presentó contra él.

Etchecolatz siempre ha negado que tuviera jurisdicción sobre las comisarías donde se producían las torturas, argumento que ha sido rebatido en diferentes procesos por las acusaciones, que han llegado a demostrar incluso cómo, en connivencia con un médico, el ex funcionario de la dictadura falsificó la identidad de una niña, hija de una desaparecida nacida durante el cautiverio de ésta y entregada posteriormente en adopción ilegal. Por este hecho fue condenado en 2004 a siete años de cárcel, pero un tribunal de casación redujo la pena a tres.